Pese a estar procesado por la Justicia, la administración nacional benefició con dos escandalosas readjudicaciones de precios a Grupo Farallón, de Eduardo Gutiérrez.

Pese a contar con un procesamiento dictado por el juez Sebastián Casanello, el empresario Eduardo Gutiérrez, señalado por la Justicia como testaferro del ex secretario de Obras Públicas José López, se benefició con jugosas readjudicaciones de precios del gobierno de Mauricio Macri, incluso en agosto de este año, cuando ya estaba confirmado su pase a juicio oral en la causa que investiga el enriquecimiento ilícito del ex funcionario K.

En la actualidad, Gutiérrez, titular de Grupo Farallón, mantiene aceitados vínculos con la administración nacional: además de haber sido socio del Grupo Macri en un emprendimiento inmobiliario en 2005, desde la firma Diedra Paneles S.A, de su propiedad, aportó $1.000.000 a la campaña presidencial de Macri, así como también su grupo empresarial figura como uno de los generosos "donantes" de la fundación SUMA, de Gabriela Michetti.

Tal vez esos sean algunos de los motivos por los cuales Gutiérrez y su empresa continúan manejando enormes contratos de obra pública, aun después de haberse confirmado que la casa donde vivía José López es de su propiedad, o que el fiscal Delgado y la propia titular de la Oficina Anticorrupción hayan señalado que el empresario hacía las veces de "pantalla" para ayudar al ex funcionario K a esconder su ilícitamente enriquecido patrimonio.

Es que en los últimos meses y aún con todas las pruebas judiciales en su contra, el Grupo Farallón siguió recibiendo beneficios del Estado y hasta algunos favores poco convencionales, al obtener una readjudicación de precios por un 96% y una quita del 20% de una obra firmada en 2014, que establecía la repavimentación de algunos tramos de la ruta provincial 1001 y la 191, y de la nacional número 9.

Pese a haber retirado el obrador el pasado 9 de diciembre de 2015 (un día antes de la asunción de Mauricio Macri) para sentarse a renegociar una obra que jamás habían iniciado, la Dirección Nacional Vial, dependiente del ministerio de Transporte de Guillermo Dietrich, señalado como un hombre con llegada a Gutiérrez, decidió otorgarle en septiembre del año pasado, con el caso López ya consumado, una reducción de la obra planificada, al quitarle el tramo de la ruta 1001 (Vuelta de Obligado-San Pedro), otro de la ruta 191 (desde la ruta nacional 9 al límite con Arrecífes) y extenderle el presupuesto: de $96.804,799, la obra pasó a costar $120.961.114, aún cuando se harían menos kilómetros que en la planificación inicial.


Apenas unos meses después, con Gutiérrez ya procesado en la Justicia y con un díctamen de la Oficina Anticorrupción que dirige Laura Alonso donde se lo señala como “propietario real del inmueble en cuestión que fuera adquirido por José Lopez, a través del su incremento patrimonial ilícito e injustificado por el que deberá responder junto a su esposa y el mismo Gutiérrez como testaferro", el pasado 7 de julio de 2017, Grupo Farallon recibió una nueva readjudicación de precios por parte del Ejecutivo. En este caso, la obra original llevó los costos a $188.323.726, aun cuando el 29 de junio, una semana antes, ya le habían actualizado los precios de la obra, cotizándola en $182.884.072.

Lunes, 18 de septiembre de 2017