Colombi finalmente se anotara como candidato a senador provincial para ampararse en los fueros y el actual ministro de desarrollo social ira como candidato a intendente de Mercedes, dando un claro mensaje de desesperación ante la encrucijada de tener que enfrentar a la justicia en la causa de malversación de fondos y evasión impositiva que se tramita ante el Juzgado Federal de Paso de los Libres contra el mandatario, por haber adquirido una vivienda lujosa a nombre de un testaferro cuando ostentaba un cargo de legislador nacional.

La historia

La frustrada expectativa sobre la declaración en calidad de imputado del Gobernador Ricardo Colombi en la causa que se le sigue por “Enriquecimiento Ilícito, Defraudación Fiscal y Asociación Ilícita” y que debía realizarse el pasado 4 de julio, posponiéndose sin fecha fija, habrían obedecido a algunas presentaciones efectuadas por las defensas de Colombi y de Marcelo Laslo, el principal involucrado quien fue justamente quien adquirió la propiedad de 9 de Julio y Perú y se la “obsequiara” al gobernador.

Luego de haberse notificado el gobernador de la citación efectuada por el Juez Carlos Soto Dávila en la causa que se le sigue, la defensa del mandatario habría presentado un habeas corpus solicitando la no comparecencia del gobernador atendiendo a su investidura, diligencia judicial que no habría sido aceptada por el fiscal Benito Pont, se presume que por la improcedencia de la misma, pero a su vez habría aceptado un planteo de la defensa de Marcelo Laslo en donde se solicitaba que la justicia determine fehacientemente de que delitos se lo acusaba a su cliente, habida cuenta que por los menos son tres los delitos que hacen a la causa, pero Laslo no estaría incurso en todos ellos como si lo está el Gobernador, de acuerdo a esta cuestión y entendiendo que la causa habría comenzado por la imputación a Laslo y Elena Adad quienes “regalaron” sendas propiedades al mandatario provincial se suspendieron las indagatorias previstas para el pasado 4 de julio.

Si bien el recurso no prosperó en sede federal, sí lo hizo en sede de la justicia provincial por un juez que sería afín al gobernador.

A pesar del hermetismo con que pretende tratar la causa, se pudo saber que el Juez Soto Dávila también habría citado o estaría por hacerlo, a los escribanos que estuvieron en la negociación, como así también que las investigaciones patrimoniales y otros requerimientos efectuados a la AFIP, a fin de determinar el estado patrimonial de los involucrados entre otras cosas, fue encomendado a la regional de Posadas, sacándolas de la órbita de la delegación Corrientes, que si bien depende de dicha regional no efectuaría las investigaciones.

La fecha para las declaraciones por el momento no están fijadas, aunque se presume que las mismas serían el mes próximo, a pesar de lo cual no deja de especularse en ámbitos judiciales que se presenten incidencias dentro del proceso lo que demoraría aún más tiempo las declaraciones.

Causa curiosidad el hecho de que si los hechos fueran totalmente legales, el primer mandatario trate de dilatar la causa ya por más de 6 años, sin brindar precisiones sobre las razones por las cuales su amigo Marcelo Laslo, empleado del PAMI, al momento de escriturar las propiedades le otorga un poder irrevocable sobre dichas propiedades a Ricardo Colombi. Esta situación de una gravedad institucional muy grave, independientemente de la causa judicial, por tratarse del Gobernador sigue sin esclarecerse y no por cuestión de la justicia sino porque los imputados se niegan a aclarar los hechos, por lo cual es de presumir que las acciones no serían tan legales. La justicia tendrá la última palabra, mientras tanto Ricardo sigue con esta espada de Damocles sobre su cabeza.


Jueves, 3 de agosto de 2017