La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, ratificó ayer que las pensiones por invalidez continúan "vigentes", negó que haya un recorte masivo y aseguró que se van a "restablecer todos aquellos casos donde se pudo haber cometido errores", en tanto varias provincias hicieron llegar sus reclamos al gobierno nacional por las suspensiones de los beneficios.

"Quiero llevarle tranquilidad a las familias que hoy reciben una pensión, que la merecen y la necesitan. No vamos a hacer un recorte masivo, no hay una intención de sacar las pensiones",.
"Quiero llevarle tranquilidad a las familias que hoy reciben una pensión, que la merecen y la necesitan. No vamos a hacer un recorte masivo, no hay una intención de sacar las pensiones", declaró la ministra a radio La Red, según un comunicado distribuido por su cartera.
La funcionaria reiteró que "se está tratando de usar el tema política y malintencionadamente" y ratificó que los beneficiarios "las van a seguir teniendo".
"Vamos a restablecer todos aquellos casos donde se pudo haber cometido errores. Hay un millón y medio de pensionados en el país. Es una irresponsabilidad tremenda decir que los vamos a dejar sin pensión, porque no es verdad", aseguró.
En tanto, la ministra aseveró que desde su Ministerio se está trabajando en "revisar aquellos casos donde pudo haber errores", e insistió en que aquellas personas que necesiten rever sus casos deben acercarse a los Centros de Atención Local (CAL) ubicados en todo el país, o llamar al 0800 222 3294.
"Venimos de años de mucha entrega indiscriminada y clientelar de pensiones. Nosotros no vamos a convalidar las mafias, por eso hacemos estos cruces administrativos, no políticos, todos lo meses, para ver quién merece la pensión", precisó.
Como ejemplo, indicó que en un pueblo de Córdoba "el 120 por ciento de la población recibe pensiones" mientras que en Formosa encontraron "un pueblo donde estaba cerrada la oficina de pensiones y se entregaban los certificados en un local partidario".
"Algunos médicos cobraban certificados de pensiones. Han habido muchas irregularidades en este sentido, estamos combatiendo las mafias de quienes se quieren aprovechar de estas personas", dijo Stanley.
En tanto, el gobierno nacional recibió hoy los reclamos de varias administraciones provinciales en relación a las bajas de las pensiones por invalidez.
Funcionarios de Desarrollo Social de las provincias de Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero se reunieron ayer en la Casa de Tucumán de esta ciudad con el presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, para expresarle sus reclamos.
En Tucumán, se presentó un amparo colectivo ante la justicia federal para que no se aplique el decreto nacional que suspende el pago de pensiones, motorizado por el defensor del Pueblo, Fernando Juri Debo, en tanto que el gobernador Juan Manzur solicitó a las autoridades nacionales que den marcha atrás con la medida.
También el gobierno de San Juan solicitó una audiencia con funcionarios nacionales para tratar el tema y solicitó en "carácter de urgente cifras exactas y oficiales de suspensión de pensiones".
Desde Córdoba, el coordinador del Centro de Referencia local de Desarrollo Social, Marcelino Álvarez, precisó hoy que en esa provincia se suspendieron alrededor de 4.000 beneficiarios, que "no cumplen con los requisitos", y aclaró que en el caso de que se readecuen "se continuará con el pago".
Las críticas a las bajas de las pensiones llegaron también desde el Congreso, donde el presidente del PJ y diputado José Luis Gioja presentó un proyecto de resolución para que se "repudie" el recorte así como las declaraciones "discriminatorias" de Badino.
"No podemos dejar pasar por alto este atropello perpetrado por el Gobierno contra uno de los sectores más vulnerables de la sociedad", dijo Gioja y agregó que Badino repite "el pensamiento intrínseco de la gestión del presidente Mauricio Macri sobre los sectores más desprotegidos, demostrando un nivel de insensibilidad y el poco afecto hacia los que más necesitan de un Estado presente".
Por su parte, el senador nacional de Cambiemos Julio Cobos consideró que, en caso de "existir abusos" en el otorgamiento de pensiones por discapacidad, "deben ser corregidos y castigados los responsables", pero recalcó que se trata de un tema "muy sensible" que "no permite ni el más mínimo margen de error".

Jueves, 15 de junio de 2017