La defensa del intendente de Itatí, Roger Terán, pidió se revea la determinación del juez Sergio Torres y ordene disminuir el monto del embargo impuesto al jefe comunal procesado en la causa en la que se investiga el tráfico de estupefacientes desde esa localidad hacia siete provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Chile.

En su escrito el abogado Roberto Herrera inició el trámite de recurso de apelación en el que pidió que "en el hipotético caso que se mantenga el procesamiento, se disminuya en forma sustancial el monto del embargo decretado". Sostuvo en sus argumentos que el patrimonio de su defendido está lejos de ser valuado en una suma millonaria y que “conmociona” a la defensa la suma inmovilizada por el magistrado.

"Obviamente que dicho monto tiene que ver con los costos y costas del juicio, pero también se debe ver, teniendo en cuenta la situación personal de nuestro defendido, que el valor impuesto es desproporcionado", dice el escrito presentado en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 12 de la Ciudad de Buenos Aires. Además advierte que "no se entiende cómo y por qué se llegó a ese tan elevado valor".

Agregó la defensa que "este planteo se hace en el supuesto marco que, de subsistir vigente el auto de procesamiento, el valor del embargo sea disminuido en forma sustanciosa, teniendo en cuenta las condiciones personales de nuestro defendido". Además, el letrado desvinculó de la causa a su defendido al indicar que Terán "no es integrante de ninguna organización criminal destinada a la comercialización de estupefacientes y menos que él sea el que coordinaba parte de las maniobras destinadas a la movilización de los narcóticos y de oficiar a favor de los miembros de la asociación para lograr su impunidad".

La presentación del letrado es en relación con el procesamiento dictado por el juez Sergio Torres, quien interviene en la causa 3002/2017 en la que se investiga tráfico de estupefacientes, asociación ilícita, falsificación de documentos y lavado de activos.

El magistrado había procesado al intendente, Natividad Terán, a su vice, Fabio Aquino y a otros 26 acusados. Estableció además, que 25 de ellos queden en prisión preventiva y fijó embargos de 600.000 a un millón y medio de pesos. Entre los acusados están el ex miembro de Prefectura Naval Julio Saucedo y el comisario de Itatí, Diego Alvarenga, como también el subcomisario de la Policía Federal, Rubén Ferreyra.

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El juez Torres consideró que los delitos se desarrollaron desde 2014 y que traficaba marihuana desde Paraguay para luego distribuir y comercializar la droga en nuestro país. Los funcionarios públicos encausados fueron sospechosos de dar protección a los demás integrantes de la banda, situación en la que se incluyó a Terán y a su viceintendente, pero también se desliza del fallo la existencia de un “vínculo cercano con autoridades de la gobernación” con los integrantes de las supuestas bancas activas.

El juez consideró que Saucedo, Carlos Bareiro -actualmente preso en Chaco- y Federico “Morenita” Marín -prófugo- tendrían un desempeño preponderante en la banda y coordinaban en mayor medida las operaciones de tráfico ilícito, obteniendo el mayor rédito comercial por estas actividades delictivas. En el caso del ex miembro de la Prefectura, Saucedo, se concluyó que distribuía la droga y se investiga si hasta gestionó un préstamo personal para la compra de un cargamento que terminó secuestrado por Gendarmería.

Luego de la resolución del juez los defensores de los detenidos se abocaron a la presentación de planteos de nulidad y apelaciones de procesamientos. Las quejas deberán ser resueltas por una Cámara Federal de Apelaciones en la Ciudad de Buenos Aires pero los jueces de ese tribunal no tienen un plazo límite para emitir un fallo.

Viernes, 19 de mayo de 2017