Tal como reveló El Destape, el presidente de Coto y su hijo serán investigados por el armamento ilegal escondido en uno de sus supermercados.

La fiscal Paloma Ochoa imputó a Alfredo Coto y su hijo Germán por el arsenal encontrado en una de sus sucursales, a los funcionarios responsables de ANMAC y de la dirección de fiscalización y control de gestión, sospechados de haber obtenido armamento de las fuerzas de seguridad de modo espureo y de haber ocultado el caso.

La inspección realizada por ANMAC, ex Renar, tuvo lugar el pasado 30 de agosto de 2016 en la sede del supermercado de la calle Paysandú al 1800, en el barrio porteño de Caballito. El arsenal encontrado fue increíble: 227 granadas, ubicadas dentro de tachos, 41 proyectiles de gases lacrimógenos, 27 armas de fuego, 2 de lanzamiento, 3886 municiones, 14 chalecos antibala, 22 cascos tácticos sin numeración, 9 escudos antitumulto, un gas pimienta y hasta un silenciador de armas.

Además se encontró un revolver sin declarar ante ANMAC y tres armas de fuego registradas a nombres de otros usuarios. Pero lo que más llamó la atención de las autoridades fue un revolver inscripto a nombre de Alfredo Coto con su número de serie adulterado y ocho escopetas que tenían pedido de captura desde el año 2003.

A su vez, en la sucursal del popular supermercado había dos lanzagases con sus números de serie erradicados y hasta una ametralladora con un silenciador, registrada a nombre de Germán Alfredo Coto con el sistema disparador modificado y seleccionado en modo automático. Además, otras 25 armas que debían encontrarse en esa sede por ser el domicilio de guarda, no fueron ubicadas en el lugar.

Ante ello, los responsables de ANMAC llamaron a sus directivos pero estos les respondieron que "dejaran todo como está", ya que ellos se ocuparían. Finalmente, ANMAC no actuó de oficio y el caso fue ocultado hasta que la UFI-ARM, a cargo de Jorge Di Lello, recibió una denuncia anónima sobre el caso y actuó de oficio, donde constató la veracidad de la acusación y formuló la denuncia penal, que recayó en la fiscalía federal número 10, a cargo de Paloma Ochoa, y del juez Sebastián Ramos.

Con la investigación impulsada, ahora la fiscal y el juez investigarán la posible obtención de armas de las fuerzas de seguridad de modo espureo y el posible encubrimiento de esta situación por funcionarios de ANMAC.

Lunes, 15 de mayo de 2017