El tremendo tarifazo en la energía eléctrica se hace sentir en las boletas de abril con aumentos que van del 50 al 100%. Se duplicó el valor del llamado cargo fijo por suministro. La historia del incremento encierra además, una de las inmundicias más intolerables de la historia: la condonación de una deuda cercana a 1400 millones de pesos que la Dirección de Energía de Corrientes (DPEC), mantenía con CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico), acumulada desde alrededor de dos décadas.

Si bien la DPEC les cobraba a rajatablas el consumo a los usuarios, no cumplía con sus obligaciones periódicas de pagar por la recepción de la electricidad a CAMMESA. El tremendo pasivo no viene de épocas de los subsidios del gobierno kirchnerista, a quien se le culpaba del atraso tarifario, la deuda empieza arrastrarse de tiempos de la intervención Federal de Ramón Bautista Mestre y Oscar Raúl Aguad, donde el tristemente célebre CECACOR, hizo explotar la caja del organismo de la peatonal Junín. Sin dudas el gobierno de Mauricio Macri, le salvaría el pellejo a la mala gestión energética del radicalismo en 16 años consecutivos de mandato (más dos de los cordobeses). La posibilidad de malversación de caudales públicos no estaría exenta en la administración de los Colombi, quienes hasta se atrevieron a desobedecer un fallo de la Corte Suprema, la que ratificaría en su momento dictámenes de la justicia de Corrientes, que establecían la devolución a los usuarios del dinero mal cobrado por la aplicación en el 2008 de una irregular tarifaria, y también en años subsiguientes.
La inescrupulosa medida de condonación del gobierno nacional a favor de distribuidoras (entre ellas la DPEC) contemplaría la diferencia entre lo que cobraron durante la etapa de tarifas congeladas en 2014 y 2015 y lo que teóricamente pudieron haber percibido sin el congelamiento. Asimismo más allá de ese millonario perdón, el tarifazo apareció sin contemplaciones. Y para no soportar el asedio de la gente y el miedo a fuertes abucheos y movilizaciones, las dos audiencias públicas que se concretaron para discutir el aumento en el costo de la luz, se harían fuera de la Capital: Bella Vista primero y Santa Rosa, después.







EL DINERO QUE NO SE DEVOLVIO





En el 2009, cuando Ricardo Colombi regresó a la gobernación de Corrientes, la Dpec aplicaba la tarifa Nº89 que se había aprobado durante el gobierno de su primo Arturo Colombi por Decreto Nº 2668/08, instrumento legal que adolecía de solapados, pero graves vicios de fondo. Muchos afectados, inclusive la Asociación de Usuarios y Consumidores, encabezados por Nelson de Veaz Oyarzo, recurrieron a la Justicia.
El juez de 1ra instancia dejaría sin efecto la Tarifaria 89, unas de las causales: no haber cumplido con la audiencia pública. El fallo obligó a la Dpec a retrotraer la facturación a la anterior (Nº 88) y a devolver a los usuarios la diferencia entre el monto mal cobrado (Tarifaria Nº 89) y la nueva facturación (Tarifaria Nº 88). La DPEC apelaría el fallo (Gobierno de Arturo Colombi). El argumento expuesto en la apelación era, a que si se devolvían el dinero, la empresa se fundía. Nunca se devolvió lo “mal cobrado” y se continuó aplicando la tarifa Nº 89 desobedeciendo el fallo de la justicia.

El fallo de 1ra instancia sería ratificado por el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes mediante la sentencia N°127 del año 2010. Ahora la Dpec, ya en manos de Ricardo Colombi apelaría ese dictamen ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Mientras tanto el dinero seguiría sin devolverse, y se continuó aplicando la Tarifa Nº 89. En julio de 2013, el alto Tribunal de la República, ratificaría la nulidad de la tarifa Nº 89, que a esa altura ya estaba recontra-retrasada. Igualmente no reintegraría lo mal cobrado, y menos aún, se obedecería el fallo de la CSJN.
El atraso tarifario de la Dpec no fue otra cosa que la ineptitud de sus autoridades de quedarse con el Tarifario atrasado, en lugar de aplicar un aumento gradual como hacían las demás distribuidoras del país, mientras no regían las limitaciones.



Los acuerdos que no quiso:
deuda y pérdidas de energía



El llamado congelamiento de tarifas, resultó de los Acuerdos entre el Estado Nacional y las Provincias, en el marco del Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas (Resolución SE 0530/2014 – Ente Nacional Regulador de la Electricidad). Los distritos firmantes se comprometían “por un plazo de trescientos sesenta y cinco (365) días, a retrotraer y a mantener sin modificaciones los cuadros tarifarios vigentes”, además de otras condiciones. En contrapartida el Estado Nacional haría inversiones en las provincias para mejorar las redes de distribución entre otros beneficios (a Corrientes le hubiese correspondido unos 180 millones). En el 2014, el cuadro tarifario vigente de la DPEC era del año 2008, por lo que retrotraer y mantener no tenía sentido. Resultado: Corrientes quedaría afuera de los Acuerdos. El tándem Ricardo Colombi-Enrique Vaz Torres, finalmente decidirían no cumplir las dos condiciones claves: una, la de informar a la Secretaria de Energía de la Nación, el Valor Agregado de Distribución (VAD) de la “Distribuidoras de su jurisdicción”. El VAD tiene el componente de pérdidas de energía, que en Corrientes no solo estaban (y están) por las nubes, sino que además “eran dibujadas”.

La otra condición que Colombi-Vaz Torres no quisieron cumplir, fue la que comprometía a las provincias a que sus distribuidoras locales “no mantengan deudas con CAMMESA”, y que acuerden un plan de pagos en caso de tenerlas. Esta condición apuntaba a que se puedan ejecutar las obras tendientes a mejorar la eficiencia en la “prestación del servicio de energía eléctrica” (considerando N°7 Resolución SE 0530/14). Durante lo que quedó de 2014 y todo el 2015, el gobierno radical se pasó refunfuñando a la Nación porque le “prometió 180 millones y se mandaron solamente 18 millones”, pero el dinero le llegaría de menos, simplemente al quedar Corrientes fuera del acuerdo por no cumplir con las dos condiciones expuestas: pagarle a CAMMESA e informar las pérdidas de energía.



No paga a los municipios
por el alumbrado público

Varios municipios elevaron reclamos a la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) por la falta de pago de lo adeudado por el servicio de alumbrado público que prestan las comunas, y cobra la empresa energética en sus facturas a los usuarios.

No son pocas las comunas que piden a la empresa estatal de energía que se ponga al día con el pago de los conceptos adeudados y que suman montos importantes.

Según los acuerdos firmados entre la DPEC y diversos municipios, las comunas prestan el servicio de alumbrado público y el organismo energético cobra en sus facturas el servicio a los vecinos.
Los reclamos incluso llegaron a la Legislatura, donde se presentaron, tanto en la Diputados como en el Senado, pedidos para que se reclame ante el Ejecutivo y la DPEC, ese dinero.



Una caja importante



No hay dudas que la DPEC es una de las “cajas” más importantes de cualquier administración de gobierno, donde no por algo el ministro de Hacienda, José Enrique Vaz Torres, puso su ojo de águila para los negocios. Tanto que lo resucitó a Alfredo Aún (designado sub-interventor), procesado en su momento por Malversación de Fondos y Administración Fraudulenta en la causa Calimboy (empresa arrocera), que después la justicia dependiente del Poder político en grado de apelación lo haría zafar. Tan desprolijo fue ese fallo, que ni siquiera el ministerio público que primero acusaría fuertemente Aún, se dignaría a apelar el evidente “salvataje” judicial. Peor todavía, la Fiscalía de Estado jamás se constituiría en querellante en la causa, como tampoco lo haría en ningún expediente que investigaba hechos de corrupción de funcionarios radicales.

El pasado de 6 abril se publicaría en el Boletín Oficial, la licitación Pública Nº 02/17 para la construcción de Nuevos Talleres de Transformadores, Medidores y Galpón para Almacenes con un Presupuesto oficial de $35.005.379,00 + I.V.A. Una de las tantas millonarias obras públicas, que esconden retornos incalculables, y que no serían de tanta necesidad en tiempos de ajustes, pero fundamentados por épocas electorales y el final de gestión.

Lunes, 17 de abril de 2017