Una documentación judicial que aborda una denuncia de un efectivo policial a sus camaradas por connivencia con narcos de Mercedes, se filtró tras ser enviada al Jefe de Policía. Aún no hay reporte del Ministerio de Seguridad ni acciones ciertas desde el Gobierno por el manejo de la droga en la tierra del gobernador. El Fiscal sólo informó, pero no inició ninguna investigación ni dio curso a la denuncia a la Justicia Federal. Es el mismo que asumiera sin los votos necesarios del Senado provincial, cuya designación está cuestionada judicialmente por su relación política con el gobernador.

Hace unas semanas atrás Norte de Corrientes daba cuenta de grabaciones de comunicaciones entre policías y familiares de un ganadero asesinado, para cobrar coimas y en las que entre jefes policiales se culpaban responsabilidades en supuestos delitos de abigeato.

Ahora trascendió a través del portal colega Corrientes 1588 la historia relatada por un policía al Fiscal de Instrucción, Correccional y de Menores de Mercedes, Andrés Aurelio Casarrubia.

Según ese medio el último 7 de marzo, una semana antes del famoso operativo “Sapucay”, Casarrubia decidió dirigirse al Jefe de Policía, Eduardo Acosta, para informarle sobre la connivencia de integrantes de su fuerza con narcotraficantes en tierra mercedeña. La denuncia que quemaba en sus manos, surgió de propios policías contra sus camaradas por encubrir, cobro mediante, la venta de estupefacientes en la zona. Inesperadamente todo iba a concluir en un simple expediente administrativo, y no en una investigación a fondo. Hasta donde se supo, no hubo allanamientos con la posterior detención de responsables, ni de cómplices del evidente narcotráfico que recorre en esa localidad.
No se sabe con exactitud si Casarrubia informó a la Jueza de Instrucción Margarita López Rivanedeira de las actuaciones ante la delicada situación, menos aún, a la justicia de la nación tratándose de un delito federal, con la que tendría que haberse comunicado según los protocolos judiciales.
Los hechos narrados en la denuncia, no solo advierten que el tráfico de drogas ya convive con buena parte de la sociedad mercedeña, sino por lo que se describe, que gran parte o toda la policía en Mercedes, tiene pleno conocimiento de quienes la venden en la ciudad y sus alrededores. Horas atrás el titular de la Comisaría 1ª, Marcos Toledo fue licenciado, para otros, es inminente su trasladado de un lugar donde estuvo, sospechosamente por varios años. Sobre Toledo pesan cuatro causas que duermen en los estrados penales. Las malas lenguas aseguran que siempre fue un protegido del gobierno.
Al leer detenidamente la denuncia (ver galería gráfica) se interpreta que el suboficial, más allá de iniciar la persecución del auto camuflado de la policía, usado para trabajos de inteligencia, sabía con exactitud que a metros de su casa se comercializaba estupefacientes y hasta los días de venta durante la semana.

EL BRASILERO

La aparición de Cleomar Ramos en el relato, más conocido como Giorgi el Brasilero, agudiza aún más la situación. Ramos regentea un pool donde mujeres también ejercen la prostitución en la ciudad. Estuvo preso en el penal de San Cayetano un par de años, teniendo como compañero de celda al hijo Lila Maidana, aquel emblemático pistolero de los 90’ que fue asesinado en la plaza de los Constituyentes de la Capital correntina. Maidana hijo, estaba acusado de integrar la banda que robo en la casa del Fiscal General Cesar Sotelo.
No hay dudas que la actividad de Giorgi el Brasilero, es protegida por cuadros policiales.
En agosto de 2016, caería preso “El Pelado Benítez”, luego que en un procedimiento de la justicia federal (jueza Cristina Pozzer Penzo) con apoyo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, allanó sus casas en Mercedes encontrando drogas, dinero, celulares y armas. Benítez era el cabecilla de la banda narco de la zona en el acopio de marihuana. El dato: varios años atrás trabajaba en el estudio jurídico de Guillermo Semhan, quien después se convertiría en Ministro del Superior Tribunal de Justicia.
Resulta raro, y hasta de difícil aceptación, que el gobierno radical en la figura de Ricardo Colombi, sumado al trabajo del ministro de Seguridad Horacio Ortega, carezcan de cierto conocimiento del tráfico de drogas en Mercedes con la participación activa de miembros de la propia policía de Corrientes. Lo peor del caso, por ahora todo termina en un simple sumario administrativo, impulsado increíblemente por el mismísimo representante del ministerio público, cuya responsabilidad es iniciar la investigación con el posterior requerimiento de instrucción formal.
Para que la información muestre seriedad y validez, se invita a los lectores a observar el relato en las fotos tomadas de la denuncia.

(Fuente y documentos: Corrientes 1588)

Martes, 28 de marzo de 2017