La causa judicial por las amenazas de muerte que recibió el juez de Esquina, Gustavo Vallejos, está paralizada y carece de detenidos, aún cuando el mismo magistrado advirtió que las intimaciones vendrían de parte de los policías que prestaban servicios en la comisaría de la localidad de Pueblo Libertador, y que están acusados de “abigeato calificado e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, una causa de la que está a cargo el funcionario judicial esquinense.

El amedrentamiento dirigido a Vallejos fue denunciado ante el Ministerio Público Fiscal a cargo de Mario Aloy, quien oficiaba de fiscal durante la feria judicial, pero la causa quedó en manos de la magistrada Civil y Comercial de Esquina, María Lourdes Silvero, quien subroga la competencia penal solamente en el expediente abierto por las amenazas. Pero desde entonces la magistrada ratificó la designación de una custodia para el juez amenazado y su familia, en línea con lo solicitado oportunamente por la fiscalía. Sin embargo, la responsabilidad fue encargada a la policía provincial en lugar de solicitar la colaboración de una fuerza de seguridad ajena al conflicto para que cumpla con ese fin. Esto llevó al magistrado a sugerirle al fiscal titular de la causa, Carlos Gallardo -quien tomó el caso en el reinicio de la actividad judicial-, una serie de medidas urgentes, como la detención preventiva de los presuntos involucrados en la amenaza, según revelaron fuentes judiciales. La situación genera inquietud entre los allegados y familiares del juez Vallejos y esto lo llevó a sugerirle a Carlos Gallardo -quien tomó el caso en el reinicio de la actividad judicial- una serie de medidas urgentes, como la detención preventiva de los presuntos involucrados en la amenaza, según revelaron voceros judiciales. La misma fuente judicial dio a conocer que debido al estancamiento de la causa el magistrado estaría estudiando presentarse como querellante, a fin de tener participación más activa en el proceso judicial. Esto podría permitirle pedir medidas de garantía en forma más directa. En tanto, oficialmente se dio a conocer que en el contexto de las investigaciones la jueza Silvero citó a un testigo para que aporte datos a fin de identificar a quienes supuestamente planifican un atentado contra Vallejos, y además ordenó la intervención telefónica -por el término de 30 días- de varios números telefónicos. En este contexto, también se solicitó al Departamento de Interceptación y Captación de las comunicaciones de la Procuración General de la Nación que se investiguen las comunicaciones realizadas por medio de esas líneas telefónicas, desde julio del año pasado. En el marco de las averiguaciones la jueza también pidió información referida a las visitas que recibieron durante las últimas semanas Diego y Pablo Aguirre, los policías sospechados de integrar una organización delictiva que se apropiaba del ganado de los emprendimientos rurales existentes en la localidad de Pueblo Libertador, efectivos a quienes de les atribuiría las amenazas al juez Vallejos. El funcionario judicial fue advertido de que se planificaba un plan para asesinarlo. Fue el 21 de enero pasado, cuando un hombre interceptó al magistrado frente a su domicilio cuando éste regresaba del juzgado. El informate dijo que supuestamente le habían ofrecido dinero y un inmueble para que colabore en el atentado, y acusó de ésto a los funcionarios policiales involucrados en el caso de abigeato. Ese mismo día Vallejos realizó la denuncia en la Fiscalía. Respecto a esto, Juan Lotero, abogado defensor de los hermanos Aguirre, aseguró que ellos carecen de relación con el supuesto plan de homicidio. Es por ello que el lunes pasado presentó un escrito ante la jueza Silvero, en el que expresa que sus defendidos están a su disposición para aclarar esa situación. Deslizó la posibilidad de que la advertencia del atentado sea consecuencia de acciones tendientes a perjudicar a los Aguirre, supuestamente víctimas de un enfrentamiento entre policías. “Aún no sabemos, pero hay mensajes de whatsapp que pondremos a disposición del juzgado”, manifestó. Esos textos tendrían advertencias respecto a cuestiones relacionadas con la investigación que se lleva adelante, que constarían de “cosas muy puntuales que se manejan en la causa”, reveló Lotero.

Miércoles, 8 de febrero de 2017