El jefe de Drogas de la Policía de Santa Fe, comisario José Moyano, incluyó tres delitos en su denuncia ante la Justicia Federal contra el gobernador Ricardo Colombi, a jefes de la Policía de Corrientes y autoridades de la Justicia ordinaria provincial, tras el polémico episodio ocurrido en medio de un allanamiento de la Policía santafesina en la localidad de Goya en diciembre pasado.

En ese procedimiento el mandatario correntino trató de impedir uno de los registros a un domicilio en el marco del operativo antinarco denominado “Ciudades Hermanas”, que se realizaba al mismo tiempo en Reconquista, y que fue interrumpida su ejecución luego que el policía de Santa Fe denunciante fuera detenido por sus pares de la fuerza de seguridad correntina. “

Fui privado ilegítimamente de mi libertad, sin expresión de motivos, habiéndose conculcado derechos fundamentales susceptibles de ser denunciados y pasibles de sanción a sus responsables, previsto en los art. 141, 143, 144 bis y 248 del Código Penal”, detalló el director general de Prevención y Control de Adicciones de la Policía de la provincia vecina en su escrito al juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, el mismo magistrado a cargo de la causa que se investiga a una red de narcos con base en Goya y que se abastecía de droga en Corrientes y las comercializaba en Santa Fe. Moyano encuadró su denuncia entre los delitos contra la administración pública (el 237 del Código Penal, atentado y resistencia a la autoridad), el de la privación ilegítima de la libertad (el delito más grave a investigar ya que Moyano incluyó dos agravantes al ser los actores acusados funcionarios públicos), y abuso de la autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Sobre este último tipo penal, el Código de base explica: “Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiese”. El titular de Drogas de Santa Fe expresó: “Fui expuesto públicamente en la prensa de todo el país, menoscabando mi imagen, buen nombre y honor, mi integridad psicofísica y la de mi familia, como así también el de la institución que represento”. A la vez le solicitó a Alurralde “la adopción de las medidas que considere menester, atento a la presunta comisión de ilícitos y al estricto cumplimiento de las normas vigentes en la materia, y con la intención de que tales hechos no vuelvan a suceder”.

Moyano dejó en claro que ese 21 de diciembre de 2016 se hallaba en la provincia de Corrientes “cumpliendo una ‘estricta orden’ de un juez de la Nación, Aldo Alurralde, juez federal con asiento en Reconquista, y que se actuó en pleno derecho en lucha contra una organización de tráfico y comercio de estupefacientes, de la que también participa la fiscal federal de Reconquista, Viviana Bruno Campagna”.

El 30 de diciembre de 2016, Aldo Alurralde trasladó la denuncia a la Fiscalía Federal de Reconquista para que investigue la presunta comisión de delitos que describe el denunciante José Mario Moyano.

El episodio desató una polémica entre Corrientes y Santa Fe, por la presencia de Colombi en el operativo reclamando a los gritos que se liberen a los testigos. “El Gobernador hizo lo que un gobernante responsable haría tras responder por 16 denuncias de familias”, dijeron desde el Gobierno provincial en relación a las personas -transeúntes en la costanera de la capital correntina- que fueron trasladados por la Policía de Santa Fe a Goya. Alurralde había defendido públicamente el operativo: “Nuestra intervención estuvo ajustada a derecho, dentro de nuestras facultades”, y la Policía de Santa Fe remarcó que esas personas estaban cumpliendo con el deber de la carga pública de oficiar de testigos en los allanamientos.

Miércoles, 25 de enero de 2017