Esta reciente declaración pertenece al juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, quien formalmente lo que hizo fue abrir un proceso penal y pedirle al fiscal federal de Reconquista, Bruno Ojeda -reemplazante temporal de la titular Viviana Bruno- que investigue al mandatario correntino y a los uniformados de la Policía de Corrientes que trataron de impedir los allanamientos y las detenciones de los sospechosos de participar de una red narco con base en Goya y puntos de distribución y venta en distintas ciudades y localidades santafesinas y en otras dos provincias.

También se ordenó investigar al o los efectivos que ejecutaron la detención del policía santafesino a cargo de los procedimientos en Goya.




“Inicié una causa para que se investiguen todos los hechos que ocurrieron en Goya, que no sólo tuvieron como protagonista al gobernador de Corrientes (Ricardo Colombi) sino también a los jefes policiales de esa provincia”. Más allá de que el investigado sea el titular del Ejecutivo provincial, Alurralde explicó que cualquier ciudadano puede ser sujeto de una investigación respecto de sus actos, razón por la cual “no hay motivos para no poner bajo la lupa a Colombi por el sólo hecho de ser gobernador”. “Nadie está por encima de la ley, ni siquiera los funcionarios públicos y los magistrados”, aseguró el magistrado en declaraciones al diario Uno de Santa Fe. El magistrado había ordenado el 21 de diciembre pasado una serie de allanamientos en simultáneo tanto en Goya -también incluyó Santa Lucía- como en la santafesina Reconquista, en el marco de un operativo que tenía como objetivo desarticular una presunta organización de narcotraficantes y que fue denominada “Ciudades Hermanas”. El procedimiento derivó en un conflicto entre las dos provincias luego de que el gobernador Ricardo Colombi se presentara en el lugar -con el acompañamiento de alrededor de 60 policías tácticos correntinos que rodearon los lugares donde los efectivos santafesinos hacían los allanamientos-, y a los gritos quiso impedir el procedimiento y ordenó demorar al jefe del procedimiento argumentando que había privado de la libertad a los 16 jóvenes correntinos que fueron llevados a Goya en carácter de testigos, desde la costanera de la capital provincial. La investigación derivada a la Fiscalía de Reconquista deberá incluir o los jefes policiales correntinos que ejecutaron la orden de detención del máximo jefe policial del área antinarcóticos de la provincia de Santa Fe, comisario José Moyano, invocando, según el juez, la orden del Gobernador, una facultad que por derecho le corresponde al Poder Judicial y no al Ejecutivo. La decisión del magistrado federal se suma a la denuncia judicial ya realizada por Moyano, a cargo de la Dirección de Control y Prevención de Adicciones de la Policía de Santa Fe. La presentación de este jefe policial hasta ahora no había tomado estado público, y justamente eso es lo que quiere Alurralde que se investigue, ya que, al ser demorado, Moyano recibió la explicación de la Policía de Corrientes de que lo hacía “por orden del gobernador Colombi”. Estas iniciativas, la de Moyano y ahora la de Alurralde, lejos de “bajar los decibeles” entre ambas provincias, judicializan el grave episodio: ahora Colombi y los jefes policiales dependientes de la Unidad Regional II -cuyo titular es el comisario general Héctor Montiel- serán puestos bajo la lupa judicial federal (aún no hay imputaciones concretas) por “posible delito de acción pública frente a un suceso de dominio público”. s

Domingo, 8 de enero de 2017