Un escándalo de dimensiones nacionales se asoma nuevamente en nuestra provincia gracias a un decreto del gobernador Ricardo Colombi. Es que el Gobierno Provincial le quitó por decreto la distribución del servicio eléctrico de Virasoro a la Cooperativa de Servicios Públicos “Gobernador Virasoro”. La entidad elevó la queja a la Federación de Cooperativas, (Fedecoop) y ahora todas las cooperativas del país reclaman que se le restablezca la concesión. Colombi en tanto, insiste en entregarle el negocio a la Dpec para “mejorar el servicio”.

Luego de tomar conocimiento de la situación, el Consejo de Administración de Fedecoop ratificó mediante una nota, la solidaridad y acompañamiento hacia los cooperativistas correntinos. En Virasoro, en tanto, el tema fue eje central de la última reunión del año de la entidad, en cuyo transcurso el presidente de la Cooperativa y vicepresidente de Fedecoop, Daniel Sequeira, junto al gerente Gonzalo Cabral, describieron la problemática y la preocupación que el conjunto de los consejeros nacionales comparte.

Desde que se conoció el decreto Nº 3253/16, llueven muestras de apoyo por parte de organizaciones provinciales y federaciones del sector, como Fedecoop, la Federación de Cooperativas de Electricidad de Misiones y la nacional Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (Face), entre otras. En tanto la empresa correntina elevó también la inquietud a las confederaciones que integra Fedecoop, como Coninagro y Cooperar. La segunda entidad, que agrupa a federaciones de todo el país, ya se manifestó en contra de la decisión del Gobierno de Corrientes. Incluso público en la portada de su sitio web un comunicado en donde manifiestan su preocupación.

Las demás entidades representativas del sector solidario de la economía se pusieron a disposición y comprometieron acompañamiento en las gestiones, “en el convencimiento de que este tipo de decisiones vulnera los legítimos derechos de los usuarios que, en definitiva, son a quienes tenemos la obligación de proteger, tanto la cooperativa como el Estado”, tal lo manifestado por Face en el escrito remitido a la Cooperativa.

La decisión del Gobierno tiene en vilo a los 85 empleados de la cooperativa, dado que afectaría de inmediato su fuente de trabajo. Además, la situación amenaza la subsistencia de otras 90 familias de manera directa e indirecta. Son las que pertenecen a la zona de concesión que incluye: Ituzaingó, San Carlos, Liebig, Santo Tomé, Garruchos y Garabí.

Jueves, 29 de diciembre de 2016