La denuncia que efectuó el concejal justicialista, Ariel Pereira, por presunta comisión de delito en la "violación de secretos informáticos" de sus pares de la oposición, ya tiene un proyecto de resolución con la autoría de nueve ediles para conformar una Comisión Investigadora.

El Concejo investigaría a cinco de sus miembros
Con la autoría de nueve ediles, ingresó al Concejo Deliberante de Goya un proyecto de resolución para conformar una Comisión Investigadora que tendrá como objetivo juzgar sobre la supuesta comisión del delito de "Violación de secretos informáticos", previsto en el artículo 157 Bis del Código Penal, cometido presuntamente por los concejales Jesús Méndez Vernengo (UCR), Lida Teresita Maidana (UCR), Federico Turnier (ELI), Jorge Fernando Mazzaro (PP) y Fernando Vallejos (ELI), en virtud de la presentación de una documentación obtenida en forma ilegítima de la Cámara Penal de Corrientes, extraída del Sistema Iurix del Poder Judicial de la Provincia, como se informó en una reciente edición y por lo cual esos ediles podrían ser suspendidos en sus funciones al finalizar la investigación.

EL HECHO

Esta situación tiene su origen el 4 de octubre, cuando Pereira, vicepresidente segundo del Cuerpo, explicó que estando a cargo de la Presidencia tuvo ingreso una nota dirigida al Presidente y suscripta por los concejales de Encuentro por Corrientes (ECO), junto a la mencionada nota, a la que adjuntaron una impresión gráfica extraída de aquel Sistema respecto a una resolución de la Cámara Penal. En aquella nota los firmantes, ahora acusados, "no dan cuenta de la forma en la que obtuvieron esa información y extracto de sentencia del Sistema Iurix del Poder Judicial de Corrientes, siendo que ellos, 'per se', son extraños a la causa penal, la cual les es secreta".
En este orden de cosas, Pereira denuncia que sus pares de la bancada opositora se valieron de una documentación obtenida ilegítimamente para formular un requerimiento a la Presidencia del Concejo Deliberante.
Como se indicó en la anterior información, el delito se califica como Violación de secretos informáticos, penado con un mes a dos años de prisión y en el caso de los funcionarios públicos, inhabilitación especial de uno a cuatro años, por lo que los denunciados deberán justificar al Cuerpo legislativo la obtención de una Resolución de la Cámara Penal de Corrientes, "documentación obtenida de forma ilegítima del Sistema Iurix", insistió el denunciante.

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LA FISCALÍA 2

Esta situación no queda sólo en el Concejo Deliberante, ya que se realizó una denuncia penal en la Fiscalía Nº 2 de esta ciudad, como consecuencia de la ostentación de manejos de documentación judicial presumiblemente de forma ilegítima de parte de los ediles de ECO.
"El caso preocupa, ya que al sistema Iurix sólo lo pueden manejar funcionarios o personal judicial, ingresando para ello una clave especial", explicó Pereira, quien agregó que los demás ediles "se vieron sorprendidos por la forma en que se maneja el poder político con respecto a causas judiciales", y recordó que uno de ellos dijo que "estamos obligados a investigar este hecho hasta las últimas consecuencias, ya que dañan al Poder Judicial, utilizando herramientas secretas para perseguir a sectores políticos".

Lunes, 24 de octubre de 2016