En la principal actividad pública de la provincia, em­pleados del Estado, el pro­medio de los trabajadores se encuentra en el límite de la Canasta Básica Alimentaria, calculada en $5.175,92, se­gún informó en los últimos días el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El monto abarca a cuatro personas.

El sueldo estatal inicial es de $7.500. Una familia necesita $12.489 por mes para no caer en la pobreza. La situación empeora en los entes.




El salario promedio de un trabajador de Corrientes se encuentra en los 6 mil pe­sos, por debajo de la línea de la pobreza, es lo infor­mado desde ATE Corrien­tes. El sueldo estatal inicial es de $7.500 mientras que una familia necesita $12.486 para no caer en la pobreza. Corrientes cuenta con una particularidad, cerca de 80 mil trabajadores dependen directamente del Estado provincial.

El 70% de esos empleados no llega a los 8 mil pesos. La situación se repite en todas las reparticiones de la provincia, agravándose con otras desprolijidades y desorden en el orden la­boral.

En el caso de los entes autárquicos -como Ioscor, Dpec, Invico e IPS, sólo por citar algunos de ellos-la situación es aún peor, no sólo los salarios están por debajo de la línea de pobreza con sueldos que promedian entre los 10 y 12 mil pesos, a lo que se debe agregar que se encuentran como mono­tributistas. Es decir, que no aportan ni a la caja ni a la obra social.

Un contexto inédito es el de Salud Pública -el básico no supera los 2 mil pesos-. Las desprolijidades y los desórdenes abundan en este sector y se agrava aún más en el Ministerio de Desarrollo Social, donde con la figura de becados, el 70% de los asistentes sociales oscila entre los 4 a 5 mil pesos.
En Corrientes el salario mínimo, vital y móvil, $8.060, no alcanza para satisfacer las necesidades básicas, mucho menos para llevar una vida digna si se apoya en el informe que emitió el Indec.
A esto se le debe sumar que el 40% de los agentes se encuentra en situación de precariedad laboral: como contratados, monotributistas, becados entre otras figuras, por lo que no perciben la Asignación Familiar, no aportan a la Caja ni a la obra social.
“Un trabajador debería estar recibiendo alrededor de 18 mil a 20 mil pesos para cubrir las necesidades básicas”, comentó a NORTE de Corrientes el referente de ATE, Walter Zamudio.
El salario estatal es el que más perdió en su carrera contra la devaluación y los tarifazos. Con una inflación anualizada del 47% y un aumento salarial en cuotas que no llega al 28% se está en presencia de la peor caída del salario desde la crisis del 2001.
“En estos últimos años todo ha empeorado. No sólo porque el Gobierno se niega aplicar el Convenio Colectivo de Trabajo y la implementación de paritarias, sino que nos ha cerrado las puertas”, agregó.

Los salarios de convenio están lejos de satisfacer las necesidades de las familias trabajadoras. “Este Gobierno ya demostró que no hay voluntad política de corregir estos errores. En vez de mejorar, hemos empeorado, es un perjuicio al trabajador”, dijo Zamudio.
Con estos datos, el Indec reanudó la difusión de los valores de la canasta básica, que se había interrumpido a mediados de 2013 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, lo que determinó que no se difundieran los índices de pobreza y de indigencia durante los años 2014 y 2015.

Lunes, 26 de septiembre de 2016