Además de reiterar su preocupación por las condiciones en las que viven los presos, señalan que están demoradas las mejoras edilicias. Por eso solicitan que la Cámara de Apelaciones realice una “constatación in situ” de las tareas, porque la primera etapa debería estar concluída.

Quienes integran el Comité contra la Tortura emitieron un nuevo comunicado para ratificar su preocupación por el estado de la alcaidía de Goya. En este contexto, plantearon la necesidad de que la Cámara de Apelaciones constate el estado de las obras fijadas justamente como respuesta a un habeas corpus colectivo.
Precisamente, con respecto a la citada presentación judicial recordaron que, de acuerdo a lo establecido en aquella oportunidad, el Ministerio de Seguridad debía concluir con las obras el 31 de enero del corriente año. “Han pasado incluso, más de 180 días de gracia”, indicaron en el escrito, tras lo cual agregaron “han sido reiteradas y numerosas las ausencias de representantes del Ejecutivo Provincial en las rees mensuales del Comité de seguimiento, creada también por la acción judicial del habeas corpus. Y tras prolongada ausencia, el Ministerio promete ahora concluir con una parte del ala este de la refacción total”.
“Esta situación, rayana con la desobediencia, se corresponde con el estado de abandono y de violación a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, que además de permanecer en condiciones precarias de alojamiento, en la comisaria primera de Goya, sin tener fecha cierta de habilitación de los espacios mejorados, refieren pésimas condiciones sanitarias, falta de atención médica adecuada y mala alimentación de la empresa que terceriza el servicio de provisión de las dietas para los detenidos”, explicaron en el comunicado difundido.
Por ello, “el Comité contra la Tortura se ve en la obligación de poner en conocimiento de la comunidad este incumplimiento, al tiempo que pide a la Cámara de Apelaciones una constatación in situ del avance de las obras, un cronograma fehaciente de finalización de obra (de la etapa y total) y que se aperciba al Ejecutivo provincial para que se garantice el cumplimiento de estándares de las condiciones de detención compatibles con la dignidad humana, el derecho a la vida, a la integridad física, psíquica y moral de las personas privadas de libertad que están bajo la custodia del estado”, remarcaron en el escrito que está rubricado por los integrantes del organismo: Ramón Celestino Leguizamón (presidente); el ministro del STJ, Alejandro Chaín; la senadora provincial María Inés Fagetti de Mansutti; el diputado provincial, Raúl Omar Yung; Gladys Hanke de la Asociación Memoria, Derechos Humanos y Solidaridad de Goya; MaríaMumbach de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Paso de los Libres y César Daniel Almirón de la fundación Amanecer de Esperanza.

Lunes, 22 de agosto de 2016