Ante la eventual instalación en la ciudad de Goya de dos grandes centros comerciales como lo son Changomás y supermercado DIA de inversiones extranjeras, TNGoya.com pudo conocer la información, que la asociación de comercio se reunirá con las autoridades municipales el día viernes, con el fin de solicitarle normativas que fijen condiciones de instalación en nuestra ciudad.

ANALISIS

Evaluación de la situación actual del hipermercadismo
en la realidad económica de la Provincia de Corrientes.

Con vistas a una eventual mejora, defensa y puesta en valor
de las actividades comerciales, industriales y agropecuarias en la Ciudad de Goya.

INTRODUCCIÓN

Conlleva una indebida simplificación suponer que la cuestión a debatir son los hipermercados. Tampoco se trata de instalar caprichosas antinomias, que orillan la discriminación, entre pequeños y grandes, nacionales y extranjeros, consumidores y empresarios, empleados y empleadores, libertad de comercio contra las prohibiciones. Tan falso como creer que sólo están en juego intereses sectoriales o corporativos.

Lo medular a considerar es el desarrollo armónico de nuestra provincia y sus ciudades.

O el Estado regula la actividad económica de modo tal de favorecer un genuino desarrollo sustentable, a escala humana, inspirado en la justicia social, en el que los capitales y las inversiones sirvan al trabajo, a las personas y a la comunidad. O, por el contrario, deserta de sus responsabilidades para con el bien común, dejando que impere el más crudo e inhumano darwinismo, en el que el fuerte se hace cada vez más fuerte, alcanzando posiciones dominantes, monopólicas u oligopólicas, que le permiten el manejo a su antojo de los principales resortes del poder social.

No se trata tampoco de prohibir. Todo pasa porque, a través de nuestros representantes legítimamente elegidos, seamos capaces de darnos a nosotros mismos, y para todo aquel que pretenda invertir en nuestro terruño, reglas de juego serias que regulen nuestra vida económica imponiendo los requisitos que cada cual debe cumplir, como lo han hecho los principales países del mundo, en procura de un desarrollo para todos, con justicia y equidad.

A nadie, en su sano juicio, se le podría ocurrir acusar por violación a la libertad de tránsito a una comuna que impida circular por las calles del microcentro a los vehículos de gran porte, o que diagrame una vía especial para el tránsito pesado. Tan irracional como asociar a un ataque a la libertad de comercio la lógica imposición de condiciones para el asentamiento de las grandes superficies y cadenas comerciales.

El Ministerio de la Producción coordina a través de la Red de Agencias de Desarrollo Productivo diversos programas y planes de fortalecimiento para PYMES. Estas acciones son bienvenidas, son indicios claros de que el Estado alienta un desarrollo basado en un rico entramado de pequeñas y medianas empresas, que en la experiencia nacional y mundial han demostrado ser las mayores generadoras de fuentes de empleo estable.

Pero tan loables iniciativas no alcanzarán, si a esas mismas empresas a las que ayudamos a gestionar, las arrojamos indefensas a una competencia desigual con pulpos mil veces más poderosos que ellas.

PEDIDO URGENTE DE REGLAMENTACIÓN LOCAL Y PROVINCIAL
La provincia de Corrientes NO cuenta con una ley que fije condiciones para la instalación de grandes superficies comerciales.

Semejante vacío legal no es inocuo e inofensivo. Sus consecuencias son obvias y graves: favorece a los más grandes, que no encuentran el contrapeso de un Estado que les ponga límites y condiciones acordes con el bien común, a la par que perjudica a los pequeños, a quienes deja indefensos, librados a su suerte, que en muchos casos no es otra que su desaparición.

Podría decirse que el vacio normativo a hecho de Corrientes “tierra de nadie”, usando una expresión vulgar. Pero no sería una descripción ajustada a la realidad. Por el contrario. Sin normativa adecuada, Goya va camino a ser “tierra de unos pocos”, triste destino para nuestra hermosa ciudad.

Es por ello pedimos que esta lamentable carencia de legislación termine de una vez por todas. Que con urgencia se reglamente y rija plenamente. Quienes pudiendo reglamentarla no lo hacen, se convierten -aunque sin intención- en cómplices de los directos beneficiarios del actual estado de cosas, que no son otros que los grandes grupos económicos. Notoria e inocultable contradicción con los discursos públicos en los que abundan referencias a la distribución del ingreso.

SOBRADOS ANTECEDENTES NACIONALES E INTERNACIONALES
Nuestra provincia tiene sobrados antecedentes internacionales y nacionales en los cuales basarse.
La palabra francesa Carrefour (adoptada como marca por una de las empresas más conocidas) quiere decir "cruce”. Tal denominación obedece a que los franceses cuentan con normativas que exigen a los hipermercados radicarse a no menos de quince kilómetros de las ciudades, por lo general en el “cruce” de las autovías.

Similares criterios han guiado a los españoles, e incluso a la Comunidad Europea, en oportunidad de aprobarse el llamado Libro Verde, que impide la apertura de hipermercados en las ciudades, para resguardar la cohesión social y el empleo.

Los europeos no han hecho otra cosa que evitar las graves consecuencias que aquí han podido constatarse allí donde los hipermercados se han radicado en plena ciudad: ruptura de la trama urbana, serios inconvenientes en el tránsito, degradación de otras zonas, desequilibrios entre la oferta y la demanda, cierres de comercios, desempleo, y, finalmente, dominio oligopólico del mercado.

Según datos de CAME, la cantidad de personas utilizadas por el comercio en Argentina disminuyó un 33,27% entre 1991 y 1999, y otro 30% entre 2000 y 2009 lo que supera el millón de desocupados. En el año 1991, el sector comercial empleaba a 2.539.302 personas. Tras el desembarco de las grandes superficies en los años ’90, la población ocupada por el sector disminuyó a 1.694.483 y a la fecha oscila en 1.245.187. Es decir, la instalación de los hiper genera menos fuentes de trabajo que las que eliminó en los comercios vecinos.

Pero la presencia de conglomerados comerciales no sólo lleva a la quiebra o al desempleo del comercio minorista. Es un fenómeno más vasto, que a la vez que empobrece la economía doméstica, cambia el paisaje urbano y los modos de circulación y convivencia de la ciudad. Por tanto, debe ser enfrentado por un proyecto sociopolítico, en el cual quede explicitado cómo encuadrar a estas inversiones.

En los últimos años, amparados en su amplia publicidad y la ubicación de relevancia alcanzada, han dejado incluso de ofrecer precios interesantes, ya que en varias oportunidades se comprobó que en los comercios barriales los precios están hasta un 20% más baratos que en los supermercados.

Y las empresas nacionales que no quieren ser presas de los gigantes mundiales se fusionan. Se unen, despiden personal e imitan las fórmulas minoristas estadounidenses. Por lo general, terminan transformándose en copias de las marcas mundiales cuya entrada tratan de impedir.

La provincia de Buenos Aires cuenta con la ley 12.573, mediante la cual impuso límites y condiciones a las grandes superficies, tanto a las concentradas en un único predio, como a las que se subdividen en locales de menores dimensiones distribuidos en sitios estratégicos de las ciudades, a veces con diferentes denominaciones, pero siempre con un mismo dueño.

El gobierno bonaerense les exige un “certificado de factibilidad comercial”, que incluye un análisis del impacto socioeconómico y ambiental realizado por una Universidad Nacional.

La norma también pone la lupa en asuntos tales como la Lealtad Comercial, Defensa de la Competencia y de los Consumidores, y establece una alícuota impositiva diferencial destinada a un fondo de reconversión minorista.

La provincia de Santa Fe también cuenta con una ley al respecto. Es la 12.069, que, siguiendo el modelo europeo, emplea el llamado “coeficiente 8” para regular la cantidad de metros cuadrados en función de los habitantes de cada localidad. Dice en su artículo 3: “Superficie Máxima Cubierta.

Se entenderá como superficie máxima cubierta (m2), a la de exposición y venta, autorizada para establecimientos comerciales descriptos en el artículo 1 en cada Municipio y Comuna del territorio provincial, la que resulte del divisorio entre la cantidad total de los habitantes, dispuesta por el último Censo Nacional, de la localidad dónde el emprendimiento comercial procure radicarse y el coeficiente ocho (8). Para la determinación de la superficie máxima cubierta se tendrá en cuenta a los establecimientos mencionados en el artículo 2 incisos d) y e), así como también los denominados almacenes de ramos generales instalados en la localidad. Ninguna cadena o firma comercial puede superar el treinta por ciento (30 %) de la totalidad de la superficie máxima cubierta en un mismo municipio; o controlar más del treinta por ciento (30%) del mercado en un sector o rubro determinado”.

LA CONCENTRACIÓN QUE NO CESA: EL EJEMPLO DE CONCORDIA E.R

Mientras la provincia sigue sin reglamentar su ley, la concentración no para. Un relevamiento efectuado en Concordia E. R. pone en evidencia que los grupos económicos han alcanzado una posición de dominio, impensable e intolerable en otros países y en otras provincias argentinas.

Dicha ciudad cuenta con 165 mil habitantes, si aplicásemos a la capital del citrus el internacionalmente reconocido “coeficiente 8”, la ciudad no debería sobrepasar los 20.000 metros cuadrados de superficie comercial en el rubro supermercados, autoservicios y almacenes. Pero al día de hoy cuenta con 35.000 m2, de los cuales la mitad son de un único propietario: el Grupo Carrefour. Un contundente ejemplo de avanzado proceso de monopolización, facilitado por la ausencia de normas que lo frenen.

Ingenuamente, alguien podría suponer que el desembarco de estos grandes grupos repercute en un mayor movimiento económico para la ciudad. Los datos revelan lo contrario, ya que actúan como verdaderas aspiradoras. El rubro factura en Concordia 175 millones anuales, de los cuales el 74%, 130 millones, corresponden a Carrefour.

De esa cifra, poco y nada queda en Concordia, para abonar servicios, tributos, y el pago de una planta de empleados mínima en comparación con su magnitud y con la que emplearían las Pymes. Esta clase de multinacionales no compran ningún producto de la zona. En “la capital del citrus” -valga la paradoja- se han encontrado en sus góndolas naranjas de Tucumán o de Israel, y carne de provincia de Buenos Aires. Mientras los comercios locales hasta los chorizos los adquieren a fabricantes de la región.

En cuanto al número de empleados, un estimado ideal para los 35.000 metros cuadrados que hoy existen en Concordia, es de 1400 (con doble turno incluido). El estimado real alcanza a 938. ¿Cuántos de ellos son trabajadores del grupo Carrefour? ¿Acaso la mitad, considerando que es esa la proporción que concentra en metros cuadrados? ¿Acaso el 74%, ya que ese es el porcentaje que aglutina de la facturación? No! Carrefour sólo emplea a 170 personas, mientras el resto da trabajo a 768.


LA ENCRUCIJADA ACTUAL

La década del ’90 fue el tiempo del desembarco de los hipermercados y las grandes cadenas comerciales. Tardíamente, varias provincias argentinas lograron gestar una normativa capaz de ordenar el fenómeno.

Hoy, la llegada simultánea de nuevos grupos a varias ciudades correntinas, encuentra a nuestra provincia sin siquiera una normativa clara, reglamentada, y plenamente vigente.

Si nos falta ese encuadre jurídico, quizá esto se deba a que no tengamos en claro, o al menos no hayamos sabido trasladar a las leyes, un modelo de desarrollo de Corrientes y sus ciudades, capaz de aprovecharse de lo mejor de la globalización, pero al mismo tiempo sabiendo contrarrestar lo peor: la concentración del mercado en pocas manos, la deshumanización de las relaciones laborales y comerciales, la desintegración y la fragmentación del tejido urbano y social, etc.

No es responsabilidad de esos grupos velar por el bien común y por el desarrollo sustentable. Ellos no tienen arraigo local, y así como hoy vienen para aprovechar circunstancias favorables, mañana, si la situación se revirtiera y perdieran rentabilidad, no dudarán en levantar vuelo rumbo a otros destinos.

La responsabilidad pasa por el Estado y su gobierno, al que sí le cabe el fundamental rol de ver más allá de beneficios pasajeros o espejismos artificiales, para ordenar la sociedad de cara a las presentes y futuras generaciones. Para lograrlo, su gobierno no está solo. Nosotros los ciudadanos deseamos aportar al desafío. Porque en esta tierra vivimos, nosotros, nuestros hijos y nietos; en esta tierra invertimos y reinvertimos; y aquí seguiremos, en las buenas y en las malas, defendiendo en el presente la construccion de un gran futuro.


Jueves, 7 de julio de 2011