Hoy se cumple un mes de la emisión del decreto Nº 814 por el cual el Poder Ejecutivo provincial, hizo lugar a una petición de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV). En el expediente Nº 820-01251-2016 que lleva la rúbrica del jefe de departamento Administrativo del ente autárquico, Horacio Encinas, pidió la incorporación de un remanente de 2015 de $2.259.254,76.

Fue hace un mes por decreto y publicado recién el pasado lunes en el boletín oficial. El ente autárquico es investigado por pagar obras sin hacerse.




El decreto que habilitó el pedido, que en cualquier caso debería ser un ejercicio normal pero no ante los hechos judiciales que enmarcan la situación actual de Vialidad Provincial, lleva la firma del gobernador, Ricardo Colombi y el ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres; cartera que fue uno de los tres organismos provinciales hasta donde llegó la Justicia Federal para indagar documentación de obras cobradas pero nunca hechas sobre la Ruta Provincial 40. En los considerandos del decreto se detalla el destino de los dos millones y medio de pesos: refiere a una serie de construcciones en dominios públicos con montos que van desde $1.000.000 a los $500.000,00 y $759.254,76; respectivamente. A fines de marzo pasado se realizó la primera denuncia penal en el Juzgado Federal Nº 2, por obras inconclusas en la Ruta Provincial 40, uno de los caminos principales que conectan a los esteros del Iberá. Los trabajos estuvieron en poder de la empresa Adelmo Biancalani, propiedad de Lázaro Báez, empresario kirchnerista detenido por presunto lavado de dinero a través de la obra pública. Las primeras diligencias que se hicieron fue recabar documentación de la sede de Vialidad Provincial y del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. La búsqueda, desarrollada por efectivos de Prefectura, fue sobre certificaciones de obras, los pliegos de licitación para los trabajos y documentos sobre los cambios en los planes originales del emprendimiento. Esto último fue clave para la demora en los trabajos y el encarecimiento de los mismos. Fueron aprobados por el gobernador Colombi, quien en la denuncia está imputado como “defraudación al Tesoro Nacional” y “abuso de autoridad”. A esa primera denuncia se adosaron varias más, una tiene que ver con el robo de documentación de las instalaciones de la DpV entre el pasado 18 y 19 abril, por la madrugada, los perpetradores habrían sido tres personas a bordo de una camioneta. La pavimentación, unos 40 kilómetros, nunca se hizo pero en las planillas de las Cuentas de Inversión de 2010 hasta la actualidad, figuran pagos millonarios por diferentes trabajos, de remoción de suelo hasta enripiado.

Jueves, 26 de mayo de 2016