Las medidas tomadas por el Gobierno Nacional impactan directo en la capacidad de compra de todas las personas. Claramente en algunas muchísimo más que en otras. Asimismo, afectan al trabajo por suspensiones o por despidos.

Frente a estas medidas se requiere ahora de otras más profundas pero de absoluto sentido social.
En relación a las tarifas, la definición de tarifa social debe ampliarse. Hay miles de personas que se encuentran en condiciones más desfavorables que las previstas en la actual definición que hizo el Gobierno Nacional y sin embargo no se las contempla. Hay que abrir la discusión sobre su definición y ampliar su alcance.
El anuncio en transporte es otra medida de impacto directo e inmediato en el bolsillo de las personas. Hay que trabajar en una tarifa integrada, que establezca ahorros y reducciones proporcionales para quien toma más de un medio de transporte (colectivo tren o subte).
La ciudad tiene un sistema de reducción similar en el subte, mientras que muchas ciudades del mundo utilizan la tarifa integrada porque hay algo que es claro: el transporte no solo es un servicio público, sino también un derecho, y siempre se subsidia. Hay que dirigir el subsidio a los usuarios con tarifa integrada y realizar descuentos por viajes múltiples.
El alza de precios no se resuelve con el control de precios, pero tampoco con el mercado cartelizado que determina precios indiscriminadamente, por ejemplo la leche, las tarjetas de crédito, etc.
La concentración cartelizada debe ser combatida por el Estado; y el alza injustificada de toda la cadena de comercialización debe abordarse con precios que se acuerden como referencia en conjunto con las organizaciones de consumidores.
A los abusos y a la falta de responsabilidad social empresaria y comercial, hay que responderles con todas las herramientas con las que contamos: los medios, las redes sociales, y la organización de boicot de compras dirigido con nombre y apellido a los inescrupulosos.
Al abuso anónimo, respuesta contundente identificando al responsable.
También deben establecerse ferias que tengan precios más bajos acordados con el Estado. Existen algunas pero deben multiplicarse y ser beneficiadas con exenciones impositivas o rebajas.
En materia social el Gobierno Nacional ha planteado ampliar la Asignación Universal por Hijo a un millón de personas más. UNICEF Argentina entiende que aun así no se alcanzaría la universalidad en la cobertura del sistema de seguridad social infantil. Esta medida no puede demorarse.
No hay peor grieta que la que se construye con la desocupación; y solo se cierra con trabajo.
Hay personas que se han quedado sin empleo en el sector público, pero también en el sector privado.
Nadie puede defender a un "ñoqui" a quien cobra y no trabaja, porque constituye una afrenta a quien si lo hace y cumple con sus obligaciones.
Pero tampoco se puede permitir que quien trabaja sea en el sector público o en el sector privado se quede sin empleo para que cierren las cuentas fiscales en el caso del Estado o las cuentas de los balances en el sector privado.
Si las cuentas sociales no cierran, las cuentas del estado y de los privados tampoco.
No es posible resolverlo a través de planes sociales, que pueden servir de manera circunstancial pero jamás como herramienta permanente.
La ayuda social sin trabajo primero ayuda; pero después aísla, degrada a quien queda sometido a la ayuda y no lo integra socialmente. Lo único que integra socialmente y ratifica la condición humana es el trabajo digno.
Gobernar es crear trabajo El trabajo lo debemos proteger y promover entre todos: gobierno, legisladores, empresarios y sindicatos.
Las paritarias son el ámbito natural de defensa de la fuente de trabajo y del poder adquisitivo de los trabajadores. Se va a dar la discusión sobre la cuarta categoría, pero no hay que olvidarse que ese impuesto al trabajo alcanza a una parte de los trabajadores, a los que más ganan.
En cambio las tarifas y el alza de precios fueron sobre todos los trabajadores, en blanco o en negro, sobre pensionados y jubilados, y sobre los desocupados.
La discusión debe ser integral: resguardo del trabajo frente a los despidos y a las suspensiones; defensa de la capacidad adquisitiva como patrimonio de las personas, sinceramiento salarial, y protección de quienes no están sindicalizados.
Los derechos se defienden.

Martes, 12 de abril de 2016