La Justicia federal fijó fecha para que declaren ocho directivos, emplea­dos y representantes de la cooperativa Pyramis, en el contexto de investigacio­nes por presuntos delitos cometidos en esa entidad.

Llamaron a ocho personas, entre ellas al repre­sentante legal de la firma.


El titular del Juzgado Fe­deral 2 de Corrientes, Juan Carlos Vallejos, dispuso que desde el 3 de marzo se presenten Mario Argentino Boschetti; Horacio Adrián Boschetti; Lisandro Bos­chetti y César Octavio Gel­mi, integrantes del Consejo de Administración.

Además, serán citados Ana Karina Alonso; Adol­fo Siviero, y el re­presentante legal de la firma, Carlos Ramón Contrera, informaron ofi­cialmente.

Las citaciones se pro­ducirían debido a que son investigados por su posible participación en los delitos de intermediación finan­ciera no autorizada, lavado de activos y asociación ilí­cita, según informó oficial­mente ayer el sitio de noti­cias del Ministerio Público Fiscal.

Las convocatorias son el resultado de las actuacio­nes realizadas por la Fis­calía Federal de Primera Instancia, a cargo de Flavio Ferrini, quien lleva ade­lante investigaciones en el contexto de causas inicia­das por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos y la Ad­ministración Federal de In­gresos Públicos (Afip).

En el marco de estas ave­riguaciones se realizaron al menos 10 allanamientos en las oficinas de Pyramis y en domicilios de sus integran­tes y administrativos.

Los últimos fueron el 27 de enero, uno de ellos fue en la sede de la firma. Otra, en una oficina ubicada en la calle Mendoza al 1.000, donde operaba al menos una de las personas cita­das.

Ese día efectivos de la Prefectura Naval Argentina se llevaron de ese inmue­ble documentos relacio­nados con operaciones de Pyramis.s

Pesquisa por criminalidad económica

Los funcionarios que llevan adelante las in­vestigaciones, respecto a las actividades que se desarrollan en la cooperativa de crédito Pyramis, buscan deter­minar la posible exis­tencia de un sistema destinado a incorporar dinero proveniente de actividades ilícitas al sistema financiero legal, a través de la su­puesta intermediación financiera no autoriza­da y del resguardo de activos no declarados de terceros.

La atención está puesta en el origen de los billetes incautados en las cajas de seguri­dad en noviembre, ante la posibilidad de que pudieran provenir de actividades relaciona­das con el narcotráfico u otras actividades ilíci­tas, aseguró una fuente judicial a este medio.

Jueves, 18 de febrero de 2016