El pasado miércoles 4 comenzó, en Corrientes capital, el juicio oral conocido como la “Causa Goya”, ya que investiga los crímenes cometidos en el centro clandestino que funcionó en el ex Club Hípico de la ciudad de Goya, durante la última dictadura militar argentina. Allí estuvieron detenidos desparecidos hombres y mujeres de la zona de Goya, Lavalle, Santa Lucía, Perugorría y Gobernador Martínez, entre los años 1976 y 1983.

En total, fueron siete los centros clandestinos de detención que funcionaron en la provincia de Corrientes: La Polaca (Paso de los libres); Destacamento militar de Santa Catalina (Corrientes capital); Matadero Municipal (Corrientes capital); Instituto Peletier (Corrientes capital); Regimiento N° 9 de Infantería (Corrientes capital); Destacamento de la Policía Provincial (Goya); Club Hípico (Goya).

De enero a agosto de 2008 se realizó, también en la ciudad capital, el primer juicio que abordó los crímenes cometidos por los represores en la provincia. Conocida como la Causa Regimiento de Infantería 9, culminó con la condena de la mayoría de los implicados: el ex coronel Rafael Barreiro–que en 2004 cuando fuera detenido aun cumplía funciones de mando militar- fue sentenciado a cadena perpetua. El ex-capitán Juan Carlos De Marchi –ex presidente de la Sociedad Rural Correntina, actual miembro honorario, cuando fue procesado contó con una carta de apoyo de Luciano Miguens como Presidente de la SRA- le correspondió 25 años. El ex-coronel, Horacio Losito –que fuera agregado militar en la Embajada Argentina hasta el año 2003- también 25 años. Para el ex-oficial de Gendarmería Raúl Reynoso 18 años. Un absuelto, Carlos Piriz, ex suboficial para el cual la querella había pedido también 18 años.

La causa Goya fue abierta en el año 2005, el mismo año se había conformado la Asociación ME.DE.H.S. (Memoria, Derechos Humanos y Solidaridad) que se constituyó como una de las querellantes. Dicha Asociación integra a ex detenidos desaparecidos –ex militantes de las Ligas Agrarias, ex profesores y militantes del área de la educación, ex militantes de la JP, ex militantes de la CGT- que hoy continúan su militancia y lucha por los derechos humanos no solamente en la reconstitución de la memoria sino en los problemas actuales que afectan a las comunidades. También forman parte del ME.DE.H.S. personas que no sufrieron la represión en aquellos años pero que están comprometidos con la militancia social.

Seis años después de abierta la causa asistimos al juicio, producto de la lucha perseverante del ME.DE.H.S. que no bajó los brazos ante cada revés presentado. El último, hace un mes, cuando la Cámara Federal de Corrientes decidió arbitrariamente que el juicio se realizaría en Corrientes capital y no en la ciudad de Goya como estaba previsto. Esta decisión puede no ser ingenua si tenemos en cuenta que desincentiva la apropiación del juicio por parte de la comunidad urbana y rural de la zona, que fue víctima del terror en aquellos años. Los juicios constituyen espacios fundamentales en los procesos de reconstrucción de la memoria colectiva sobre las prácticas genocidas de las que fuimos víctimas como sociedad. Alejar su desarrollo de la zona geográfica donde se cometieron los crímenes puede interpretarse como una política para desactivar la construcción de esa memoria colectiva y habilitar que el proceso se desenvuelva como una cuestión entre particulares. Pero justamente no se trata de una cuestión entre particulares, se trata de juzgar acciones que fueron producto de una política de estado terrorista y por lo tanto pertenece al ámbito público que es el ámbito de lo común.

El departamento de Goya sufrió la desaparición de 25 personas en una población de aproximadamente 68.000 habitantes según el Censo Nacional de 1970. La represión apuntó principalmente a desarticular la organización de pequeños productores tabacaleros en las Ligas Agrarias Correntinas, a la militancia de la Juventud Peronista, al Movimiento de Sacerdotes para el tercer Mundo, a la sindicalización de base. Desde el retorno de la democracia a esta parte, poco hemos escuchado de estos movimientos y organizaciones: qué hacían, quiénes eran, por qué les hicieron todo lo que les hicieron… ese era el objetivo de la política represiva del estado dictatorial. Ese era el objetivo del “Proceso de Reorganización Nacional”: aniquilar las formas de las relaciones que encarnaban y la memoria colectiva de esas formas. Sembrar el miedo para cosechar la parálisis política y el individualismo: no nos metamos, algo habrán hecho.

Hoy tenemos la oportunidad de involucrarnos en este proceso de hacer memoria, de construirla, y tenemos la obligación moral de hacernos cargo de este desafío. No se trata de una cuestión entre particulares, ni de venganzas, ni de políticas de determinados gobiernos, se trata de justicia. Justicia para que nunca más vuelva a pasarnos este trauma como sociedad. Hacernos cargo de que la dictadura fue cívico militar, lo que implica elegir no ser cómplices del silencio hoy.

Ningún estado debe torturar, desaparecer, robar a sus ciudadanos. El estado argentino de 1976 a 1983 lo hizo sistemáticamente, fue un estado terrorista. Se trató de una política de ese estado llevada a cabo por hombres y mujeres, civiles y militares. Hoy, el estado argentino, democrático, enjuicia a aquellos hombres y mujeres que desarrollaron el terrorismo como política pública. Es nuestro deber involucrarnos, hacernos parte de esta búsqueda de justicia, para que nunca más nos permitamos tener un estado terrorista.



Martes, 10 de mayo de 2011