Solicitaron la implementación a seis provincias desde la Defensoría del Pueblo. A nivel local sostienen que el Poder Ejecutivo debe pedir que salga una resolución.

La Defensoría del Pueblo de la Nación exhortó a las autoridades sanitarias de seis provincias, entre una de ellas Corrientes, para que “arbitren” las medidas necesarias para implementar un protocolo de atención de abortos no punibles (ANP) o en su defecto que dispongan la adhesión al “Protocolo para la Atención de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo” que elaboró el Ministerio de Salud de la Nación. Las causales por las que se puede solicitar la interrupción legal del embarazo (ILE), son: cuando el embarazo representa un peligro para la vida o la salud de la mujer y este peligro no pueda ser evitado por otros medios, y cuando el embarazo proviene de una violación.
“La ley indica cuando el aborto no es punible y Salud Pública debe cumplir. Este protocolo evita la judicialización. Creo que se debería avanzar en el debate y es responsabilidad del Poder Ejecutivo pedir que salga una resolución a Salud Pública. No hay problema con el texto, hay que cumplir con este protocolo”, dijo a El Litoral la diputada provincial Sonia López.
En este sentido, explicó que “el Ejecutivo debe presentar un proyecto de adhesión al protocolo o dictar una resolución para su estructura orgánica. Si se quiere hacer más legal el procedimiento se puede donar un proyecto del Poder Legislativo pero sabemos que va a chocar con una negativa muy importante”, indicó.
“Esto no es un debate filosófico y hay que cumplir la ley. Este protocolo explica que hay excepciones para el aborto y guste o no se debe cumplir con la ley. Hay que trabajar sobre políticas públicas y colocar a la salud primero. Decimos que estamos en una provincia pro vida pero dejamos morir a los bebés en las maternidades”, sostuvo la legisladora.
Desde la Defensoría nacional consideraron importante resaltar que los obstáculos y las restricciones para acceder al Aborto no Punible no impide su realización, sólo deriva a las mujeres -principalmente a aquellas de bajos recursos económicos-, a la atención clandestina en manos de personas no calificadas, con el riesgo que ello trae aparejado para su salud y, en muchos casos, la muerte materna.
A nivel local, la diputada López sostuvo que este protocolo se debería aplicar en los casos de “niñas madres”. “Hay niñas de 10 embarazadas y nunca se investiga el caso como abuso”, señaló.

Jueves, 8 de octubre de 2015