El juez Ponce quedó a cargo de la denuncia contra los dos candidatos del Frente Cambiemos. De acuerdo con la denuncia en su contra, las empresas de Niembro se habrían beneficiado por contrataciones directas e irregulares por parte del gobierno porteño.

El juez de instrucción Roberto Ponce quedó a cargo de investigar una denuncia contra el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y candidato a la Presidencia por el frente Cambiemos, Mauricio Macri y el periodista y candidato a legislador bonaerense por ese mismo espacio, Fernando Niembro, por presuntos delitos que se habrían cometido en la contratación de servicios.

Se trata de una causa por supuesta "administración fraudulenta", realizada por el abogado Antonio Liurgo, quien solicitó el allanamiento y el "inmediato secuestro de documentación" de la Dirección de Compras y Contrataciones del gobierno porteño.

La presentación se basa en una investigación del periodista Nicolás Eisler, que fue publicada días atrás por el diario Tiempo Argentino, y que ahora será evaluada por el magistrado.

El abogado denunciante sostuvo que Macri actúa favorecido por "el blindaje que le ha proporcionado la justicia capitalina". Además recordó que está "procesado" en el fuero penal federal por la causa de las escuchas telefónicas ilegales.

En tanto, señaló que Niembro "se habría beneficiado en forma irregular mediante contratación directa –del gobierno porteño- a la empresa 'La Usina Producciones S.R.L.', por una suma que se aproxima a los 20.000.000 de pesos".

El denunciante Liurgo afirmó que "mediante la delictiva aplicación del Decreto 556/2010, esta particular fauna administrativa argumentaría una vez más la premura de la contratación irregular para evitar la licitación pública".

Para el letrado, la denuncia penal es la vía para investigar un supuesto multimillonario perjuicio al Estado local, "ante la imposibilidad" de tratar el caso en la legislatura porteña, debido a la oposición del oficialismo.

Por último, el letrado pidió al juez que cite a declarar como testigos a Eisler, a la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires Gabriela Alegre y al auditor del gobierno porteño Eduardo Epszteyn, según dice la presentación.

Jueves, 3 de septiembre de 2015