Se trata de ex integrantes de la plana mayor del Ejército y otras fuerzas de seguridad, acusados por su responsabilidad en 102 casos de privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos y homicidio. Entre los procesados, se encuentra el ex gobernador de facto Cirys Dalmys Marcelo Feü.

La justicia federal de Corrientes procesó con prisión preventiva a 12 ex integrantes de las fuerzas de seguridad por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad, en el marco del plan represivo desplegado en la provincia durante la última dictadura cívico-militar. El juez a cargo del Juzgado Federal N°1 de Corrientes, Carlos Soto Dávila, sostuvo que en los 102 casos bajo investigación las víctimas no sólo fueron privadas ilegalmente de sus libertades personales, sino que también fueron objeto de vejaciones y apremios ilegales al ser mantenidas en detención clandestinamente para extraerles declaraciones bajo esas condiciones.

El extenso caudal probatorio reunido por la unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal –en el que se destacan una gran cantidad de testimonios de sobrevivientes- permitió reconstruir cómo se desarrolló la planificación, organización y funcionamiento del aparato represivo puesto en marcha en Corrientes, abarcando así a todos los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Provincia.

Los testimonios recolectados permitieron asimismo reconstruir el destino de algunas de las víctimas, como es el caso de Dora Beatriz Noriega, detenida entre los meses de octubre y noviembre de 1976, alojada y torturada en el centro de detención que funcionó en el Regimiento de Infantería 9 “Coronel Pagola”. Aproximadamente, el 12 de diciembre de ese año fue trasladada y asesinada en el operativo conjunto del Ejército Argentino y la policía de Chaco conocido como “Masacre de Margarita Belén”, en el que fueron fusilados un grupo de militantes políticos a unos 30 kilómetros de Resistencia. Posteriormente, el hecho fue simulado por las fuerzas de seguridad como si hubiera tenido lugar en medio de un intento de fuga de las víctimas.

Así, para la justicia se encuentra acreditado que la organización delictiva “contaba con medios humanos y materiales para proceder al ingreso a una vivienda por la fuerza, sin orden de autoridad judicial correspondiente, asesinar a sus ocupantes sin dar explicaciones por ello, sustraer bienes muebles a discreción, secuestrar y, eventualmente, disponer de los menores de edad que pudieran quedar con vida”.

Dentro de la estructura montada en todo el país por las Fuerzas Armadas a los fines de la “lucha antisubversiva”, el accionar de los acusados se centró en la “Subzona 23”, con jurisdicción sobre las provincias de Misiones, Chaco, Formosa y los departamentos de Capital, San Cosme, San Luis del Palmar, Empedrado, Saladas, Bella Vista, Lavalle, Goya y Esquina, en la provincia de Corrientes. Toda el área quedó bajo la responsabilidad de la Brigada de Infantería VII, con asiento en la ciudad de Corrientes.

Entre los procesados con prisión preventiva se encuentran: Aldo Sergio Solís Neffa; José Emilio Mechulan; Roberto Romeo Bin; Cirys Dalmys Marcelo Feü; Eduardo Antonio Cardoso; Abelardo Carlos de la Vega; Raúl Horacio Harsich y Alfredo Carlos Farmache -quienes prestaban funciones en el Regimiento de Infantería 9- Pedro Armando Alarcón y Abelardo Palma –pertenecientes a la Gendarmería Nacional- y José Oscar Guastavino y Jorge Levatti, ambos de la Policía de la Provincia de Corrientes.

El magistrado consideró a todos ellos autores mediatos de los delitos de asociación ilícita, privación ilegal de la libertad agravada, aplicación de severidades y tormentos. La mayoría de ellos también fue considerada responsable por el homicidio de Modesto Pucheta, detenido el 19 de noviembre de 1976 junto a su familia, y torturado durante su cautiverio en la Jefatura de Policía de Corrientes. Además de las detenciones, la justicia federal impuso un embargo de $100.000 para cada uno de los represores, entre los que sobresale el caso de Cyris Dalmis Marcelo Feu, ex gobernador de facto de la provincia.

En su resolución, el magistrado no descartó sumar a nuevos imputados “que también debieron haber participado en los hechos o que tengan responsabilidad mediata por sus funciones y que por el momento no se los ha llamado a proceso, o han fallecido”.

Martes, 11 de agosto de 2015