No es la primera vez que en la provincia se dan a conocer que menores son víctimas de redes clandestinas de tráfico de personas. Ayer el escuadrón 48 de Gendarmería Nacional informó que dos jóvenes se dirigían camino a Buenos Aires con la promesa de un futuro laboral.

Un día antes en la localidad de Mocoretá, mediante un allanamiento en un prostíbulo en el que participó el Departamento de Lucha Contra la Trata de Personas de la provincia del Chaco, se rescató a tres mujeres y un menor, quienes eran sometidos a trabajo esclavo.

En este contexto cabe preguntarse el rol de la justicia local en un escenario donde cada vez son más frecuentes estos casos.
Hermindo González, abogado de la Red de Infancia Robada, indicó a época que en Corrientes el problema se presenta en “la falta de seguimiento de los casos y de asistencia a las víctimas”, y recordó la situación de Oriana Caballero, joven de 14 años envuelta en un confuso episodio en el que la madre denunció que su hija fue secuestrada por una red de trata.

“La chica volvió con sus padres, en estos momentos está recibiendo asistencia psicológica pero la causa está parada”, señaló. En ese sentido remarcó que la provincia no está adherida a la ley 26.364 que prevé la trata de personas y es por eso que los hechos son absorbidos directamente por el fuero federal.

Por su parte, Analía Durand de Cassis, titular del Colegio de Magistrados, analizó que si bien en Corrientes hay instituciones abocadas a asistir a las víctimas, como el Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y Familia y el Consejo de la Mujer, “hay falta de competencia y coordinación” entre el fuero federal y local a cargo de la Policía y las instituciones abocadas al seguimiento de estos hechos aberrantes para el ser humano.

Martes, 22 de marzo de 2011