El titular de la asociación de consumidores Deuco, también consideró que habrá que implementar un estricto sistema de controles "para impedir que se incrementen los precios en la época de mayor demanda".

La decisión del gobierno nacional de hacer llegar al usuario el subsidio para la compra de garrafas de 10 kilos, para las que fijó un precio de $97, mejora los mecanismos de adquisición del producto por lo que "hay que apoyarla", afirmó el titular de la asociación de consumidores Deuco, Pedro Bussetti.

También consideró que habrá que implementar un estricto sistema de controles "para impedir que se incrementen los precios en la época de mayor demanda, el invierno".

"Los 4,5 millones de usuarios que utilizan la garrafa y las cuatro provincias que aún no cuentan con los servicios de gas natural por redes tornan al subsidio para la compra, dispuesto por el Gobierno para las familias y no para las fraccionadoras como sucedía hasta ahora, en una necesidad y es una medida que hay que apoyar", aseguró el referente de los usuarios en declaraciones a Télam.

"También hay que tener en cuenta en la implementación de la medida, el respeto por el precio fijado en $97 para que llegue durante todo el año, sobre todo en invierno, a ese valor; y que el subsidio sirva para cubrir gran parte del mismo, y no como venía sucediendo con la garrafa social, de $16, que se negaba su existencia y se terminaba vendiendo mucho más cara como en Corrientes, donde se la llegó a pagar $200", afirmó.

Según Bussetti, "esos abusos no pueden tolerarse; si esto volviera a suceder, como la denuncia que tuvimos de Corrientes, disminuiría el valor del subsidio".

"Son necesarios controles en la cadena de distribución empezando por el fraccionador, para que llegue a los puntos de venta al precio de 97 pesos" insistió el titular de Defensa de Usuarios y Consumidores.

En cuanto a lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires, recordó que "hay que tener en cuenta que en Capital la venta de garrafas está prohibida, y hay que modificar esa normativa para que el producto llegue al usuario y el subsidio resulte un beneficio cierto y concreto".

Indicó que en la Ciudad de Buenos Aires, donde el 99% de sus habitantes tiene gas natural, hay 100.000 familias (conventillos, asentamientos) que no tienen acceso a ese servicio, por lo que "la venta de garrafas se hace en el marco de la más absoluta clandestinidad, y es justificativo para aumentar el precio".

Al respecto, recordó que en 2004 se había formalizado un acuerdo entre el Ministerio de Planificación y la cadena de supermercados Coto para vender garrafas, "pero no se pudo aplicar por la normativa que rige para la ciudad".

En ese sentido, explicó que "hay que tener en cuenta que este producto no se puede comprar si no es en un comercio de proximidad. No se lo puede transportar al hombro por muchas cuadras, y si se recurre a un remís para su transporte, se evapora el subsidio. Por eso creo que hay que tener mucha precisión en la implementación de la medida para que su beneficio llegue a todos".

Por último, insistió en que "tiene que haber controles sobre la disponibilidad del producto en los puntos de venta y fundamentalmente sobre el precio, porque cuando la demanda aumenta, los fraccionadores argumentan que no tienen GLP suficiente, pero si lo cobran más caro, la garrafa aparece".

Lunes, 30 de marzo de 2015