La confrontación por el tarifazo ener­gético entre el Estado provincial, que es pro­pietario de la Dpec, y los usuarios, que ya recurrieron a la Justi­cia, se da en el marco de una negociación que lleva adelante el Gobierno provincial con el nacional. Es por la continuidad del plan de Convergencia Energética que firmó Corrientes en junio de 2014.

La Provincia reclamó los recur­sos prometidos por Nación; el acuerdo decía $180 millones y según las autoridades locales arribaron a las arcas solamente $20 millones.

Como con­traparte de ese con­venio, la Dpec debía normalizar su situa­ción financiera inter­na, pagar las deudas que posee con las firmas transportistas y cumplir una serie de metas a corto y me­diano plazo en la opti­mización del servicio, además de invertir en obras energéticas los recursos enviados por Nación.

La que pasó fue una dura semana para las autori­dades de la intervención en la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec), el impacto social del tarifazo en las facturas del servicio generaron un alto rechazo de la gente. Pero además, lo que viene es una andanada de presentacio­nes judiciales para neutra­lizar la llamada “corrección tarifaria”, definida así por el interventor del ente autár­quico, Enrique Vaz Torres.

Entre mañana y mediados de esta semana, la empre­sa estatal reconocería que hubo errores en las factu­raciones y con eso inten­tará convertir en abstracta la cuestión. Se debe a que el primer amparo contra la suba, se produjo el pasado viernes en el juzgado Civil y Comercial de la magistrada, Francilina Niveyro, de San­to Tomé.

La jueza debería expe­dirse al respecto, como lo es cuando se tramita un amparo judicial, de mane­ra rápida aunque no se re­suelva la cuestión de fondo. Fuentes judiciales que pidieron re­serva, informaron a NORTE de Co­rrientes que hubo sendos llamados a la funcionaria judicial desde la intervención de la Dpec para que demore su resolución al menos hasta mitad de semana.

Entre mañana y el miér­coles la empresa provincial podría informar oficial­mente que hubo equivo­caciones en las subas del cargo fijo, y de esa forma contener las protestas es­pecialmente en el interior y las demás presentaciones judiciales que se apron­tan. Por ejemplo, la que ya anunció que concretará la Defensoría del Pueblo de la provincia, una vez que ago­te las instancias de requisi­toria a la Dpec sobre los de­talles técnicos de porque se ejecutó el incremento.

El posible reconocimien­to de errores en la factura­ción por parte de la empresa estatal se habría acelerado ante un hecho (por ahora el único) de reconocimien­to a un usuario residencial en el distrito Santo Tomé. Además, los letrados que tramitaron en esa Comuna la presentación del amparo que debe resolver la jueza Niveyro, explicaron que “es inobjetable. Las subas fue­ron elevadísimas en todos los casos, a lo que hay que agregar que el servicio es malísimo, los cortes duran de cuatro a doce horas en toda la ciudad”.

En pleno anuncio de me­joras salariales, el interven­tor de la Dpec, quien es tam­bién ministro de Hacienda y Finanzas, se hizo un lugar para hablar del tarifazo aunque para el funcionario se trata de “correcciones ta­rifarias que estamos hacien­do en la energía”.

Después dio datos duros: “Al Estado le genera una recaudación cercana de 16 millones de pesos mensuales y el Estado coloca para los empleados públicos más de 80 millones de pesos a la economía. Este es un punto de vista, el tema macroeconómico”, justificó Vaz Torres, quien también en la semana que pasó tuvo que escuchar el reclamo de empresarios y comerciantes por el incremento.s

16 Millones de pesos mensuales es lo que recauda el Estado provincial con la nueva facturación.

El tarifazo energético hizo movilizar a la socie­dad en general y a unir fuerzas esta vez para hacer una demanda a la Direc­ción Provincial de Energía (Dpec) por el aumento en el ítem del cargo fijo, que en algunos casos llegó con una suba de hasta 6 mil por ciento.

En este sentido, integrantes de la Central de Trabajadores de la Ar­gentina (CTA), de la Aso­ciación Trabajadores del Estado (ATE) y agrupacio­nes sociales se reunieron el miércoles pasado con vecinos de distintos ba­rrios para neutralizar los reclamos por el aumento de la tarifa energética en el ítem de cargo fijo.

De este modo, NORTE de Corrientes conversó con el secretario General de ATE, Feliciano (Chano) Romero, quien destacó que “es un impuesto con­fiscatorio del que debería hacerse cargo el Estado provincial. Presentaremos una denuncia con la firma de varios vecinos a la De­fensoría del Pueblo para que se tomen medidas judiciales ante el tarifazo energético, porque cree­mos que es un aumento desmedido”, detalló.

Además mencionó que el miércoles 18 a las 19.30 habrá una asamblea de trabajadores estatales y vecinos que quieran par­ticipar para tratar el tema no sólo del aumento en el cargo fijo de la luz, sino también la recomposición salarial de los empleados. “Queremos manifestar nuestro rechazo al tarifa­zo, incentivando a que se demande a la empresa por los altos costos que deben abonar los usuarios por un servicio que es deficiente”.

Y agregó: “Tenemos en­tendido que el cargo fijo es variable porque se tuvo en cuenta el consumo de cada usuario, lo cual deja de ser un cargo fijo para conver­tirse en un cargo móvil que no termina de tener las justificaciones necesarias, por lo que pedimos se revea esta situa­ción y se deje sin efecto este cobro”.

Para ello, Rome­ro pidió a todos los usuarios que denuncien y los instó a presentar las copias de bo­letas anteriores en las que figura el ítem del cargo fijo de sólo $13, más las nue­vas en donde los montos superan los $500. De este modo, destacó que los in­teresados en realizar la de­nuncia pueden acercarse a la sede de la ATE, ubicada por la calle España y 25 de Mayo para llevar las copias de sus facturas y asentar la denuncia.

Asimismo, se invita a todos los interesados, usuarios y vecinos en ge­neral que quieran parti­cipar de la asamblea del miércoles.

Lunes, 16 de marzo de 2015