Si bien hasta el momento la mandataria brasileña venía quedando afuera de la "lista maldita" de funcionarios implicados en el escándalo del "Petrolão", nuevos datos la complican.

Los nuevos datos ya no sólo complican a la presidenta brasileña Dilma Rosseff por haber ignorado, estando a cargo del Consejo de Administración de Petrobras, el esquema de corrupción que le costó unos u$s 4.000 millones durante más de diez años a la compañía.

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Un "arrepentido", el exgerente de la petrolera Pedro Barusco, confirmó ayer martes en el Congreso su denuncia de que la campaña que la llevó al poder en 2010 se financió con ese dinero sucio.

Como expresión de un ambiente social cada vez más espeso, la mandataria fue abuca ayer por trabajadores en la inauguración de una muestra en San Pablo y enfrentará el domingo una jornada de manifestaciones nacionales en reclamo de que se le abra juicio político.

Los cacerolazos y los abucheos se produjeron el domingo pasado, según la prensa local, en barrios de clase media y alta de al menos doce capitales regionales.

El vicepresidente del PT, Alberto Cantalice, afirmó este lunes en un comunicado que las protestas responden a "una orquestación con sesgo golpista que parte principalmente de los sectores de la burguesía y de la clase media alta".

Según el PT, las protestas fueron organizadas y "financiadas" por partidos de la oposición y "fracasaron", puesto que no se generalizaron "y no repercutieron en las áreas populares".

Según informa el diario Folha de Sao Paulo, durante la cadena televisiva se produjeron bocinazos, cacerolazos, juegos de luces de automóviles y de viviendas y sonoros abucheos en al menos 12 capitales provinciales: Belém, Belo Horizonte, Brasilia, Curitiba, Fortaleza, Goiania, Maceió, Porto Alegre, Recife, Río de Janeiro, Sao Paulo y Vitória.

La causa por corrupción en Petrobras que salió a la luz en los últimos meses, ya salpica a políticos de primera línea y obstruye sus programas, poniendo en jaque al gobierno de Rousseff.

Miércoles, 11 de marzo de 2015