La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) está posicionada entre las grandes distribui­doras del servicio eléctrico en el país, pero no es por su buen servicio, al contrario, es por el volumen de deu­da que posee. Un informe difundido el pasado lunes por un matutino porteño, ubica a la empresa corren­tina en el cuarto lugar.

Si se rige por ubicación, parecie­ra estar lejos, pero las tres firmas que la preceden son las que prestan servicios en los tres distritos más gran­des del país: Capital Federal (provincia de Buenos Aires y conurbano) y Córdoba. Edenor está primera en un rojo financiero de $6.250 millones en concepto de deuda a las empresas trans­portistas de energía. La sigue Edesur con $5.700 millones, la cordobesa Epec con $2.800 y en la cuarta posición ancla la provincial Dpec con $800 millones (ver infografía).

El informe explica que las mediciones de los pasivos alcanza hasta el pasado 30 de noviembre.

La cuestión se da en un momento sensible cuando el Gobierno nacional está a punto de cambiar su po­lítica de subsidios al sector. Esa modificación dejará habilitadas a las provincias propietarias de las firmas distribuidoras, a subir sus tarifas que en algunos ca­sos superarán el 30% justo en verano, el período de mayor consumo y mayor colapso.

Incluso, los gobernado­res ya cumplieron con el mandamiento constitucio­nal de que cada vez que se aumente un servicio bási­co, se debe convocar a au­diencia pública. Corrientes lo hizo el pasado 1 de abril y el esquema tarifario pre­sentado por la Dpec esti­pula aumentos de 200% a 516% que obviamente, la administración provincial lo hará paulatinamente. Según el Sindicato de Luz y Fuerza, esa escala podría ser en tres tramos a lo largo del año 2015. Un año que es electoral además donde aumentar impuestos no es una estrategia seductora de votos.

Entre mayo y junio pasa­do las provincias rubricaron con la Secretaría de Energía de la Nación, un convenio por el cual recibirían fondos para obras energéticas pero a cambio debían cumplir una serie de metas a corto y largo plazo. Uno de esos objetivos es justamente que las firmas distribuidoras que son de las provincias, achiquen sus pasivos con las empresas transportistas, pero también, que trabajen en el achicamiento de su dé­ficit interno.

Por ejemplo, fuentes de la Dpec, confirmaron a este medio que el 60% del pasivo consignado en el informe nacional ($800 millones) es en concepto de multas. De la Secreta­ría Nacional de Energía debido a las pérdidas de las firmas por diversos rubros, uno de ellos, el hurto y otro encasillado en el nombre técnico de “perdida de energía”.

También, parte del desca­labro financiero de las distri­buidoras se debe a la política energética en sí misma. Algo que el gobernador Ricardo Colombi (UCR) lo remarca desde hace semanas, ob­viando los incumplimientos de la Dpec. Gran parte de la fundamentación de las em­presas en sus rojos financie­ros es que las mismas tienen tarifas congeladas por la decisión del Gobierno na­cional desde los inicios del kirchnerismo. Es por eso que en un contexto de aumentos de costos y menores ingre­sos reales por la inflación, se fueron quedando sin fondos para hacerles frente a sus obligaciones. Como no pue­den dejar de pagar los suel­dos, prefieren reducir los gi­ros a su principal proveedor, Cammesa.

La fundamentación fue tomada por Colombi y otros gobernadores para funda­mentar la suba de tarifas en sus distritos, algo que está cerca de ocurrir si es que el 31 de diciembre se da por vencido el acuerdo firmado entre mayo y junio con el Gobierno nacional.

Otra justificación es que los fondos prometidos en ese acuerdo llegaron de manera escasa, Corrientes debía ha­ber recibido $182 millones pero solo arribaron $12. Ayer el Gobernador fue contun­dente: “Si el Gobierno nacio­nal no manda los fondos ten­drá que subir la tarifa”, dijo.

La semana pasada tam­bién había sido claro al pedir que cese el acuerdo de Convergencia Energéti­ca para que la provincia y otros distritos puedan su­bir sus tarifas. En el caso de Corrientes tiene conge­lada la factura desde 2008 y con un proceso de devo­lución de importes cobra­dos con aumento que debió ser reintegrado y aún no se hizo.

Miércoles, 10 de diciembre de 2014