El texto impulsado por el senador Roldan el año pasado establece la intervención del Poder Judicial de la provincia de Corrientes para “garantizar la forma republicana de gobierno y la administración de Justicia”. Además, menciona al Ejecutivo nacional a cargo de designar al interventor con las facultados de remover magistrados, funcionarios y empleados, así como también disponer de subrogancias y designar conjueces.

El año pasado jefe del bloque oficialista, Miguel Pichetto, había indicado que “en la Justicia correntina se visualiza una clara falta de equidad de cara al proceso electoral”.
Una de las acusaciones es que la justicia provincial, y en especial el Superior Tribunal, funciona de acuerdo a los intereses del gobierno de Ricardo Colombi (UCR), y en ese sentido denunciaron como ejemplo que un juez provincial bloqueó una demanda en un juzgado federal contra el mandatario.
En los fundamentos presentados por Roldán señala que se dan "los presupuesto mínimos" para la intervención del Poder Judicial porque "parecen converger en la concentración de poder en uno de los órganos del Estado Provincial, que es el Ejecutivo".


Miércoles, 1 de octubre de 2014