El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció un conjunto de medidas que aliviarán las restricciones al acceso a divisas vigentes desde 2003, con el objeto de combatir el desabastecimiento que sufre el país y alentar la producción nacional de bienes.

Las decisiones fueron anunciadas esta noche ante decenas de empresarios privados, en el marco del capítulo económico de la Conferencia Nacional por la Paz que el mandatario instaló a fines de febrero pasado.

Entre esas resoluciones, se incorpora al sector automotor -incluidos repuestos, accesorios y neumáticos- al Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad I) consistente en la licitación periódica de moneda extranjera, cuya cotización actual es de alrededor de 11 bolívares por dólar.

En vez de informar los nuevos “precios justos” de “todos los automóviles” que se comercializan en el país, como había anunciado ayer que haría, Maduro señaló que en los próximos días firmará un acuerdo con Toyota, Chrysler y Mitsubishi -tres de las siete ensambladoras de vehículos que operan en Venezuela- para ir a “un proceso de recuperación productiva de todo el sector automotor”.

Debido a la escasez de divisas para importar las partes, durante el primer trimestre de este año se ensamblaron en Venezuela 3.424 vehículos, 76,08 por ciento menos que en el mismo lapso del año pasado y Toyota tiene sus actividades suspendidas por tiempo indefinido desde mediados de febrero pasado.

El mandatario aseguró que el gobierno liquidará hasta 30 por ciento de las divisas “pendientes” a sectores prioritarios, a través de un mecanismo de financiamiento, informaron la agencia noticiosa estatal AVN y el canal Globovisión.

La deuda del Estado por la compra de divisas autorizada y no liquidada al sector privado es “mayor a 10.000 millones de dólares”, estimó semanas atrás Jorge Roig, presidente de Fedecámaras, la mayor asociación empresarial del país.

Asimismo, Maduro reveló que se está evaluando la posibilidad de que parte del ingreso por exportaciones no petroleras pueda liquidarse en el Sicad II, el segmento menos restringido del mercado cambiario, habilitado a fines de marzo pasado, y cuya cotización actual es de alrededor de 49,50 bolívares por dólar.

El ministro de Petróleo y vicepresidente económico del gobierno, Rafael Ramírez, explicó luego que se espera que los exportadores no petroleros conserven 60 por ciento de sus ingresos en divisas para reponer sus inventarios y liquiden el restante 40 por ciento en el Sicad II.

Por otra parte, Maduro informó que firmó un decreto que extiende hasta el 31 de diciembre el régimen de facilitación de trámites para la importación de alimentos, medicamentos, material y equipos médicos, y otros bienes de primera necesidad.

Agregó que el lunes próximo comenzará “el despliegue de ministros, viceministros y funcionarios a una gran jornada nacional de visita e inspección a todas las industrias y a los campos”, y subrayó que aceptará propuestas para “perfeccionar” el régimen establecido por la Ley de Precios Justos promulgada en enero pasado.

Con todas esas medidas, Maduro apunta a combatir el desabastecimiento de productos de consumo cotidiano, que diversas encuestas de opinión señalaron como la mayor preocupación de los venezolanos en los últimos meses.

La escasez saltó de 22,2 a 28 por ciento entre diciembre y enero pasados, según el último reporte divulgado por el Banco Central de Venezuela (BCV), pero firmas privadas la estimaron para marzo entre 31,03 y 60,2 por ciento.

En el contexto de estos anuncios, dirigentes oficialistas y opositores volverán a conversar mañana a puertas cerradas, según confirmó ayer el secretario ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) opositora, Ramón Aveledo.

Será la tercera sesión del diálogo instalado el 10 de abril, que cuenta con la participación del nuncio apostólico, monseñor Aldo Giordano, y los cancilleres de Brasil, Luiz Figueiredo; Colombia, María Angela Holguín, y Ecuador, Ricardo Patiño, como "testigos de buena fe".

Las partes buscan de ese modo destrabar la crisis política generada por las protestas cotidianas que se registran desde el 6 de febrero y que dejaron 41 muertos, 579 heridos, 2.278 detenidos y 102 denuncias de violación de derechos humanos, según el último recuento oficial.

Tras el segundo encuentro, efectuado el martes pasado, Aveledo y el vicepresidente, Jorge Arreaza, anunciaron varios acuerdos y confirmaron que las conversaciones continuarían.

Jueves, 24 de abril de 2014