Colombia, un país rico y profundamente desigual, minado por el narcotráfico y por la violencia naturalizada a lo largo de un conflicto interno de más de medio siglo, tiene la posibilidad histórica de alcanzar un acuerdo de paz con las FARC y el ELN para dar un salto económico y comenzar a buscar una paz estable, en un proceso de décadas que requerirá, ineludiblemente, de un reparto más equitativo de la riqueza.

Las negociaciones de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que comenzaron hace un año en La Habana, tendrán consecuencias políticas, económicas y sociales.

En primer lugar, dispararían un proceso similar con la otra guerrilla, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), también de extracción marxista, que ya está en marcha pero podría abortarse si fracasa el primero.

Las FARC y el ELN fueron fundados en 1964 y son las organizaciones guerrilleras más añejas del mundo. Ambos grupos han proclamado desde siempre la necesidad de encontrar una salida negociada al conflicto, pero por diversas causas todos los procesos de negociación anteriores fracasaron.

Las FARC están en un momento crucial. La muerte por causas naturales de su líder histórico, Manuel Marulanda Vélez, sumada a las bajas de varios de sus principales dirigentes, en el marco del combate frontal a que las sometió el gobierno de Alvaro Uribe (2002-10) con apoyo de Estados Unidos, instaló una nueva camada en la conducción que ha decidido buscar con más pragmatismo la ansiada salida política a la guerra.

Pero el conflicto tiene muchas más aristas que la de la confrontación gobierno-guerrillas. Los movimientos insurgentes, que fueron varios más que los dos que subsisten, dieron cabida al nacimiento del paramilitarismo, organizado tanto por los grandes terratenientes, para proteger y ampliar sus dominios, como por los narcotraficantes, para asegurarse sus zonas de cultivos y sus rutas.

Narcos y terratenientes se asociaron en muchos casos, probados y juzgados, y contaron con la venia y el apoyo militar de los sucesivos gobiernos para funcionar como un límite a las pretensiones de poder de las organizaciones de izquierda, que habían impuesto la práctica del secuestro y el asesinato.

Con ese argumento consolidaron una lógica consistente en implantar el miedo en la sociedad, en particular en las comunidades rurales, donde perpetraron masacres y desplazaron a unos cuatro millones de personas de sus tierras. Aunque no fueron los únicos, ya que las FARC, en menor medida, también utilizaron esta metodología.

Los paramilitares, agrupados en la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se desmovilizaron entre 2003 y 2006 en virtud de un acuerdo con el gobierno de Uribe, pero parte de sus estructuras siguen vigentes, toleradas por el poder político o recicladas en organizaciones delictivas con vínculos con el narcotráfico.

Del éxito de las negociaciones de paz depende también el futuro político del presidente Juan Manuel Santos, quien -sin haber llegado a firmar el acuerdo de paz con las FARC, como era su deseo- acaba de anunciar que buscará su reelección en los comicios presidenciales de mayo próximo.

Santos llegó al gobierno en 2010 como candidato elegido por Uribe para dar continuidad a la guerra sin cuartel contra la guerrilla. Ese fue el eje de su campaña proselitista, pero apenas se instaló en la Casa de Nariño dio un giro que comenzó a percibirse con el restablecimiento de las relaciones con Venezuela, país al que su antecesor acusaba de ayudar a las FARC.

El segundo paso, que comenzó a dar en secreto, fue el inicio de conversaciones secretas con las FARC para elaborar la agenda de negociaciones que se anunció en agosto de 2012 y que se instaló, tras un breve paso formal por Oslo, en La Habana.

Ambos hechos marcaron el distanciamiento político entre Santos y Uribe, quien se alejó del Partido de la U y conformó una fuerza de derecha que es todo un canto al personalismo, el movimiento Uribe Centro Democrático (UCD), con el que se presentará en las elecciones legislativas de marzo como candidato a senador.

La apuesta de Uribe es, por un lado, respaldar a su candidato presidencial, Oscar Iván Zuluaga, y por el otro, armar un bloque fuerte de derecha en el Congreso, donde podrían estar algunos comandantes desmovilizados de las FARC en caso de que haya acuerdo y de que se firme con el tiempo necesario para competir electoralmente.

Paralelamente a esta situación, las protestas sociales de campesinos y desplazados que estallaron este año le demostraron a Santos que sus planes de reelección no transitan por un camino asfaltado.

Colombia sigue siendo un país profundamente inequitativo en el reparto de la riqueza, desconectado en sus zonas productivas, minado por el descontento y el poder corrosivo del narcotráfico, y visceralmente violento.

La paz, en el mejor de los casos, comenzará a construirse a partir de la firma del armisticio gobierno-FARC, y deberá contemplar todas estas aristas.

Miércoles, 27 de noviembre de 2013