Un grupo de vecinos autoconvocados demandó al gobierno de José Manuel De la Sota la remoción de altos jefes de la fuerza, así como de la cúpula de los ministerios de Justicia y de Seguridad.

"El motivo de esta convocatoria es porque queremos decirle basta a la corrupción policial, al armado de causas y a lo que ocurre en el sistema penitenciario, donde no se respetan los derechos de los detenidos", aseguró a Télam Paola Moreno, una de las autoconvocadas.

Con carteles que decían "basta de corrupción" o "basta de gatillo fácil y de abuso de autoridad", el grupo de vecinos se concentró en la plaza San Martín y, desde allí, se desplazó hasta la sede del Ministerio de Justicia, ubicada en pleno centro, donde cortaron el tránsito por la calle Alvear al 100.

Moreno insistió en que, "si bien ahora sale a la luz el narcoescándalo", aclaró que eso "no sorprende a quienes vienen reclamando, sin ser oídos, sobre esta situación, que merecería la remoción de las cúpulas policial y de los ministerios de Justicia y de Seguridad".

"Pese a todo lo que sucede, la ministra de Seguridad (Alejandra Monteoliva), en declaraciones increíbles, negó que haya un narcoescándalo, lo que no puede ser", se quejó la mujer, que se definió como "víctima directa del accionar de la Policía".

La alusión de Moreno fue a las recientes declaraciones de la ministra Monteoliva, que minimizó el denominado "narcoescándalo", como se denomina a la causa que lleva adelante la Justicia Federal y en la que ya hay ocho detenidos.

Entre los detenidos se encuentran el extitular de Drogas Peligrosas, el comisario Rafael Sosa; el comisario Alberto Saine; el oficial Franco Argüello, así como los suboficiales Fabián Peralta Dátoli y Mario Osorio.

El escándalo político e institucional que enfrenta el gobierno de José Manuel de la Sota, denominado "narcoescándalo" o el caso de los `narcopolicías`, derivó en las renuncias del anterior ministro de Seguridad, Alejo Paredes, y del jefe de Policía, Ramón Frías, quienes fueron reemplazados por Monteoliva y César Almada, respectivamente.

Por pedido del fiscal federal Enrique Senestrari, hace un mes y medio atrás, el juez federal Ricardo Bustos Fierro ordenó una serie de allanamientos en domicilios de los efectivos policiales y dependencias de la Central de Policía, mientras que emitió la orden de detención para los involucrados.

La presunta vinculación de policías cordobeses con el negocio del narcotráfico se conoció hace un mes y medio por intermedio del testimonio del `colaborador encubierto´ policial, Juan Francisco `El francés´ Viarnes, ofrecido al programa ADN de los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la UNC.

El testimonio de Viarnes motivó al fiscal Senestrari a acelerar los pasos de la investigación, que ya estaba en marcha desde tiempo atrás.

Viarnes, en calidad de "arrepentido", dio su testimonio ante las cámaras de televisión y manifestó que jefes policiales de la lucha contra la droga tenían vínculos con narcotraficantes, quienes pasarían información a cambio de ser retribuidos con parte de los estupefacientes secuestrados en operativos antidrogas.

Miércoles, 13 de noviembre de 2013