La intervención del Estado en la economía en la última década tuvo como resultado un incremento de las inversiones superior al registrado en los `90, cuando la presencia estatal se redujo a los niveles históricos más bajos del país, destacó un informe del Grupo de Estudios de Economía Nacional y Popular (GEENaP).

Asimismo, entre 2003 y 2012 se alcanzó un superávit constante en la cuentas fiscales, a contramano del déficit permanente de los años en que se recortó drásticamente el gasto público y bajó la presión tributaria, al tiempo que se recurrió al endeudamiento externo para financiar los desequilibrios producidos por estas políticas.

"Desde una óptica ortodoxa o neoliberal, un incremento de la intervención del Estado en la economía no es deseable, pues genera distorsiones en las decisiones de los agentes económicos, desequilibrando el supuesto funcionamiento `correcto` o `normal` de los mercados", indicó el GEENaP.

Según esta perspectiva, "el incremento del gasto estatal no sólo impacta negativamente en las cuentas públicas, desembocando en el déficit fiscal, sino que también redirecciona recursos escasos por fuera de la lógica de mercado, expulsando así la participación de la inversión privada".

Por otra parte, el análisis remarcó que "según afirma el credo neoliberal, si se buscase equilibrar este gasto aunque sea en parte aumentando los ingresos fiscales, el mayor grado de presión tributaria desincentivará las decisiones de inversión privada".

"Tomando como indicador de incidencia estatal el nivel de gasto publico de la Administración Pública Nacional (APN) y la presión tributaria, la evidencia empírica, para el caso de la Argentina, no avala dicha teoría", concluyó el informe.

Puntualizó que "durante la Convertibilidad, bajo un contexto de predominio de los postulados del consenso de Washington en las decisiones económicas, la presencia del Estado en la economía se redujo drásticamente, a partir de un proceso de privatización compulsiva de los servicios públicos que tenía por objetivo la reducción del gasto estatal".

Precisó que "los niveles de presión tributaria así como los del gasto de la APN resultaron inferiores a los de la actualidad, mientras que se evidenciaron grandes desequilibrios socioeconómicos".

En contrapartida, el GEENaP destacó que "a partir de 2003 con una mayor presencia estatal, se logró impulsar un proceso de crecimiento con inclusión social con una mayor solidez en los indicadores económicos".

Para el promedio del periodo 1993-2001, la presión tributaria fue de 17,3 por ciento del Producto Interno Bruto; mientras que el Gasto de la Administración Pública Nacional promedio fue de 15,3 del PIB.

En dicho contexto, en relación a las cuentas públicas, se evidenció un importante déficit fiscal del orden de 1,3 por ciento del PIB para el promedio de dichos años.

"El superávit primario promedio, de 0,9 por ciento, se explica por los ingresos generados en el proceso de privatización" de las empresas del Estado, subrayó el análisis.

Por otro lado, puso de relieve que "no se observó un incremento en la tasa de inversión, que se mantuvo en el orden de 18 por ciento del PIB durante esos años, mientras que el crecimiento económico promedio fue de solamente 2 por ciento".

En cambio, remarcó que "el incremento de la incidencia del Estado durante la última década, alcanzando, en 2012, una presión tributaria de 31,7 por ciento y un gasto de la APN de 15,2, no generó los desequilibrios económicos pregonados por la teoría neoliberal".

En cuanto a las cuentas fiscales, para el promedio 2003-2012 se observó un superávit tanto primario, de 2,3 por ciento, como financiero, de 0,5.

Asimismo, el GEENaP indicó que "el supuesto `efecto expulsión` sobre la inversión privada no sucedió, superando los valores del periodo neoliberal con un promedio de 21 por ciento del PIB y alcanzando un máximo histórico en 2011 de 24,5".

Analizando la composición de la erogación pública, más de 60 por ciento del mismo correspondió al "gasto social", representando en 2012 el 15,2 por ciento.

Dicho gasto incluye, entre otras cosas, las erogaciones correspondientes a la previsión social, que fue 9,9 por ciento del PIB en 2012; educación, cultura, ciencia y técnica, que fue de 2,1; y asignaciones familiares, de 1 por ciento.

"Este tipo de gasto cuyo objetivo es garantizar derechos sociales y de ciudadanía esenciales, la visión ortodoxa lo considera distorsivo, ya que no considera los retornos sociales que éste genera", destacó el informe.

Advirtió que "escudándose en una supuesta eficiencia económica, la perspectiva neoliberal que pregona la reducción constante de la incidencia del Estado sobre la economía, a partir de una disminución en los niveles de presión fiscal y, fundamentalmente, del gasto público, lo que busca es impulsar políticas de ajuste perjudicando a los sectores populares".

Lunes, 11 de noviembre de 2013