Desde la Red Provincial de Derechos Humanos señalan la necesidad de crear una Procuración Penitenciaria Provincial para el monitoreo. Dicen que se requiere cubrir la vacante de un Defensor Oficial de condenados para dar celeridad a las causas.

La Procuración Penitenciaria Nacional presentó un proyecto de ley para controlar la superpoblación en las cárceles. En Corrientes, referentes de Derechos Humanos señalan que la iniciativa cuenta con un “valor simbólico importante”, pero que aún resta avanzar con un organismo de contralor local y mecanismos de prevención del maltrato y la tortura, así como reducir “la morosidad judicial”.

El proyecto de Ley para la Acreditación Funcional de Establecimientos para la Privación de la Libertad y Control de la Superpoblación fue presentado el pasado 4 de octubre en el Congreso de la Nación. Estipula los mecanismos para garantizar el derecho de los internos en lo que a funcionamiento de los penales federales respecta, es decir, capacidad y condiciones edilicias.

Si bien en Corrientes también se registra una superpoblación en las cárceles, una referencia nacional (es decir la regulación de la acreditación edilicia en penales federales) genera “un valor simbólico importante”, señaló la referente de la Red Provincial de Derechos Humanos, Hilda Presman.

Según explicó, uno de los puntos pendientes en la provincia es la creación de un organismo de contralor como ser la procuración penitenciaria provincial.
La iniciativa forma parte de un proyecto de ley presentado en tres ocasiones y que hasta el momento no ha sido tratado.

El año pasado, la senadora María Inés Fagetti retomó el borrador y actualmente está en comisiones, aún sin posibilidad de debate, según explicó Presman.
Este organismo de contralor permitirá monitorear la situación en los penales y de implementar los mecanismos necesarios para prevenir la tortura, teniendo en cuenta que Argentina adhirió en 2004 a la Convención Internacional contra la Tortura.

No obstante, en 2012 se implementa una ley para crear mecanismos de prevención de la tortura en las cárceles a nivel nacional.

“En Corrientes no existen mecanismos locales, ni Procuración Penitenciaria Provincial”, expresó.
Mientras tanto, existen antecedentes en otras jurisdicciones como Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba.
Presman, a su vez, indicó que uno de las principales falencias es la “morosidad judicial”.

En 2007 la Provincia creó la Cámara de Ejecución de Condena, sin embargo, hasta el momento no se ha cubierto el cargo de Defensor Oficial de condena, por lo que la revisión de las causas de procesados y condenados recae en la figura del Defensor Oficial.

Lunes, 28 de octubre de 2013