El propietario de la empresa Rabín Automotores Hermanos aseguró que el pago de intereses del dinero que le prestaban lo llevó a no poder cumplir con los compromisos asumidos. Se negó a contestar las preguntas de la querella. Resaltó que la Justicia ya resolvió algunas cuestiones que dejó pendientes, pero no habló de los clientes a quienes les debe vehículos y dinero.

Patricio César Rabín, propietario de la empresa Rabín Automotores Hermanos, declaró ayer por más de una hora en el Juzgado de Instrucción Nº 4. Resaltó que la Justicia está solucionando el conflicto que tuvo con algunos clientes y dijo que debido a un problema económico no pudo afrontar los compromisos asumidos.
Pasadas las 8, el joven acusado del delito de estafa se presentó en compañía de su nuevo abogado, el doctor Yamandú Barrios, en el juzgado ubicado por calle Pellegrini 1058.
Un tanto distendido caminó por el pasillo del edificio y minutos después ingresó al despacho del fiscal Buenaventura Duarte.
Cabe aclarar que Rabín había pedido ampliar su declaración y cumplió. Explicó cómo funcionaba la concesionaria y el negocio que llevó adelante hasta que no pudo cumplir con los compromisos asumidos. Luego vinieron las denuncias por supuesta estafa y terminó preso.
Agregó que el problema económico se produjo porque tuvo que pagar intereses muy altos, que llegaron al 10%, por el dinero que Mariano Paterlini le prestaba.
Permitió ser interrogado por el fiscal, pero al momento del turno de la querella representada por el abogado Ernesto González decidió no contestar.
“Sin dudas esta es una estrategia para poder justificar el pedido de libertad. Si fuera tan inocente como se quiere mostrar, no sé de qué tiene miedo. Podría contestar las preguntas de la querella”, aseguró el doctor Ernesto González.
“Además cambió su declaración. La primera vez que brindó testimonio contó que Paterlini era su socio, y ahora lo presentó como un prestamista”, dijo el letrado.
El abogado adelantó que van a pedir al juez de la causa que se cite a declarar a la escribana que trabajaba para la empresa, el gestor y a los dueños de los vehículos secuestrados y no entregados.
“Hay pruebas que confirman que se realizaron documentaciones y certificaciones falsas”.
González citó como ejemplo el caso de un automóvil Gold Trend. Roberto Davalos pudo recuperar su vehículo. Pero Bruno Bertone, que pagó la suma de $65.000 por la compra del Gol, se quedó sin vehículo. Además entregó en la concesionaria de Rabín un auto Fiat Uno para que fuera vendido. No sabe qué pasó con el dinero de la venta, que rondaría los $30.000.

Jueves, 15 de agosto de 2013