El juez de primera instancia de Santa Lucía, Daniel Alejandro Ascona, presentó una medida autosatisfactiva ante la Justicia alegando una crítica situación económica personal, producto de un fuerte endeudamiento con bancos y entidades financieras.

Según surge de la resolución judicial, el magistrado sostuvo que entre abril y mayo más del 90% de su salario fue absorbido por consumos con tarjetas de crédito, lo que derivó en una cadena de préstamos y refinanciaciones que tornaron su situación “irremontable”. Entre sus acreedores figuran Banco Galicia, Mercado Pago, Wallah, Credil, Tarjeta Naranja, Crédito Argentino, entre otros, con una deuda total que superaría ampliamente su capacidad de pago mensual.

Ascona explicó que, tras los descuentos obligatorios —incluido un 35% por cuota alimentaria derivada de un divorcio—, su ingreso disponible mensual se reduce a unos 800 mil pesos, monto que calificó como insuficiente incluso para afrontar el alquiler de la vivienda donde reside.

Ante este escenario, el juez solicitó que se ordene a varias entidades financieras abstenerse de iniciar o ejecutar embargos sobre su salario, y propuso destinar el 30% de sus haberes a una cuenta judicial para el pago gradual de sus deudas. Además, pidió la reserva de la carátula del expediente, para evitar la difusión de su identidad en el proceso.

El planteo fue analizado por el juez Gabriel Guillermo Sade, quien resolvió hacer lugar parcialmente a la medida. La decisión ordena a algunas entidades financieras a no avanzar con medidas cautelares o ejecutivas por el plazo de 90 días, instándolas a buscar acuerdos mediante negociación o mediación extrajudicial. No obstante, el beneficio fue rechazado respecto de otros acreedores, como el Banco de Corrientes y algunas financieras.

El caso generó fuertes interrogantes y críticas, ya que se trata de un magistrado en funciones que recurre a la Justicia —integrada por colegas— para obtener protección frente a deudas personales. Incluso, se menciona que esta situación podría entrar en tensión con normas internas del Poder Judicial que exigen a jueces y funcionarios mantener una conducta económica ordenada y libre de embargos.

La resolución abrió el debate sobre los límites éticos, institucionales y salariales dentro del Poder Judicial provincial, y sobre si se trata de un problema estructural de ingresos o de una mala administración financiera individual.

Martes, 23 de diciembre de 2025