Los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) acordaron por unanimidad exigir por la vía judicial el cumplimiento de la normativa. Por su parte, la autoridad de la UNNE, Omar Larroza, aseveró que se necesita de previsibilidad presupuestaria.

El plenario de rectores del CIN acordó por unanimidad exigir por la vía judicial el cumplimiento de la normativa recientemente promulgada por el Gobierno nacional, pero sin aplicación efectiva. "Nos encontramos con un escenario mucho más complejo que el que esperábamos porque el ajuste es brutal", aseveró el rector de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Omar Larroza.

Reunido de manera extraordinaria en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el plenario de rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) acordó por unanimidad que las universidades públicas recurrirán a la Justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (Ley N°27.795).

"Cuarenta años después del primer plenario del CIN, nos volvemos a encontrar en la UBA y esta vez para que las universidades tomen el posicionamiento político de exigir el cumplimiento de la ley y el respeto al sistema republicano", subrayó el presidente de este Consejo, Oscar Alpa.


Ayer, el Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial la promulgación de la Ley de Financiamiento. Sin embargo, no la aplicará. La Casa Rosada argumentó que, de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 5 de la Ley Nacional 24.629, toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento correspondiente. En caso contrario, la normativa indica que "quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el Presupuesto Nacional".

Tanto para los rectores como para las federaciones sindicales esto es al menos discutible. Es por ello que recurrirán a la Justicia ya que se incurriría en una injerencia en otro poder, en este caso, el Legislativo.

"Un decreto no puede suspender una ley", expresó el rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Leandro Vergara, quien ofició de anfitrión del plenario. "Es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley, más aún en referencia a leyes con amplia legitimidad social, institucional y política", agregó el vicepresidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci.

Vergara, a su vez, afirmó que decisión del Ejecutivo nacional "viola de manera directa la división de poderes, mediante la invocación de fundamentos inválidos". En tanto, Bartolacci sostuvo: "Hemos sido muy responsables y serios priorizando siempre los caminos institucionales para reclamar una respuesta y corresponde ahora recurrir a la justicia para garantizar el cumplimiento de la ley".

Además de la acción judicial, los representantes de todas las universidades públicas resolvieron elevar al Congreso Nacional una solicitud para que se apruebe el Presupuesto 2026 y que se contemple, como base presupuestaria, los recursos previstos por la Ley de Financiamiento. "Nunca nos pasó esto. Tampoco el no tener un Presupuesto Nacional por más de dos períodos", expresó, por su parte, Omar Larroza. "Creo que ahora es una condición puesta por Estado Unidos en los acuerdos alcanzados", indicó el rector de la UNNE en declaraciones a Radio Dos. "La suspensión de los pasivos del Banco Central pueden destinarse tranquilamente para el financiamiento universitario", agregó el titular de la casa de altos estudios en diálogo con Radio Dos.

Larroza reiteró que mantenía un posicionamiento crítico del Gobierno nacional anterior, el de Alberto Fernández, sin embargo desde el inicio de la gestión libertaria hubo diferencias ya con la discusión de los vouchers educativos. "Nos encontramos con un escenario mucho más complejo que el que esperábamos, porque en definitiva el ajuste es brutal", graficó.

Jueves, 23 de octubre de 2025