Sixto Omar Fernández, conocido como “Yacaré”, condenado en noviembre de 2024 a 20 años de prisión efectiva por crímenes aberrantes como abuso sexual agravado, promoción de la prostitución de menores.

corrupción de menores y tenencia de pornografía infantil, cumple su pena en prisión domiciliaria en el corazón de la ciudad de Ituzaingó.

Su domicilio particular se encuentra a media cuadra del Centro Cultural, a la vuelta de una escuela secundaria y a la misma distancia de la plaza principal. Esta cercanía a espacios frecuentados por niños, niñas y adolescentes ha generado un profundo malestar y la sensación de que la justicia no está protegiendo a la comunidad. La situación se agrava al saber que el monitoreo electrónico, una de las condiciones para esta modalidad de cumplimiento de pena, aún no ha sido instalado.


La comunidad denuncia la situación como un peligro latente y de Impunidad la presencia de Fernández en el centro de Ituzaingó especialmente para los niños, niñas y adolescentes. La cercanía a instituciones educativas y recreativas intensifica la indignación ante una decisión judicial que, para muchos, prioriza el beneficio del condenado sobre la seguridad y el bienestar de las potenciales víctimas.


El caso de "Yacaré" no solo expone la cuestionable aplicación de la prisión domiciliaria en delitos de esta magnitud, sino que también pone en evidencia otras falencias del sistema judicial. En la misma investigación que llevó a su condena, se señala a otras personas adultas, incluidas las madres de algunas de las víctimas, que habrían entregado a las menores para su explotación. A la fecha, ninguna de estas personas ha sido formalmente imputada, lo que genera una sensación de impunidad y agrava el dolor de las víctimas y sus familias.


Además, un hombre que habría sido pareja de la joven denunciante y que controlaba los detalles de la explotación, sigue su proceso judicial en etapa preliminar, sumando incertidumbre sobre el alcance de la justicia en este caso.


La crudeza de este caso se manifiesta en una doble injusticia. Mientras el condenado goza de un privilegio judicial que lo mantiene en su hogar, la víctima principal, quien denunció haber sido explotada sexualmente desde los 14 años, sigue viviendo en condiciones de extrema precariedad. A pesar de las órdenes judiciales que instaban al Municipio de Ituzaingó y a la Dirección Provincial de Niñez a brindar asistencia, no ha habido una respuesta institucional efectiva. Esta situación pone de manifiesto un abandono estatal que deja a las víctimas a su suerte, sin acceso a servicios básicos, vivienda digna, apoyo psicológico ni la restitución del vínculo con sus hijos.


La investigación reveló la existencia de más de 470 imágenes y 170 videos de contenido sexual infantil en posesión del condenado. Gran parte de este material habría sido producido a través de amenazas o intercambios por bienes básicos con niñas en situación de extrema vulnerabilidad, lo que subraya la depravación de los actos cometidos.


Exigencias de la Comunidad: Justicia, Protección y Asistencia


Ante este panorama desolador, organizaciones comunitarias y referentes sociales de Ituzaingó elevan su voz para exigir:


* La revocación urgente del régimen de prisión domiciliaria del condenado Sixto Omar Fernández.


* El avance inmediato del proceso penal sobre todas las personas señaladas como partícipes en la explotación de las menores.


* La asistencia integral inmediata a la joven denunciante, garantizando su acceso a salud, vivienda digna, apoyo psicológico y la restitución del vínculo con sus hijos.


El caso de "Yacaré" en Ituzaingó se erige como un desgarrador recordatorio de la urgente necesidad de revisar las políticas judiciales que permiten la prisión domiciliaria en casos de delitos sexuales graves, y de la imperiosa obligación del Estado de proteger y brindar asistencia efectiva a las víctimas, en lugar de abandonarlas a su suerte.

Lunes, 23 de junio de 2025