Lo que parecía un trámite de divorcio rutinario en el Juzgado de Familia de Goya se transformó, en cuestión de días, en un caso urgente de violencia familiar que requirió una respuesta judicial inmediata.

La victima llegó al tribunal para resolver cuestiones pendientes con su expareja: la tenencia de sus hijas de 12 y 6 años, los alimentos y el uso de la vivienda familiar. El 13 de noviembre de 2024, la jueza del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N°2 de Goya, doctora María Gabriela Dadone, le atribuyó el uso del hogar conyugal, una vivienda modesta que Vera y su expareja habían construido con esfuerzo en el terreno familiar.

En una audiencia posterior por régimen de comunicación, ella relató que a pesar del fallo judicial que le otorgaba la casa, no podía vivir allí. Su ex cuñado, vecino lindero y hermano de su expareja, había cortado el suministro eléctrico, dejándola a ella y a sus hijas en la oscuridad y sin agua caliente ni heladera. La caja de luz que alimentaba ambas viviendas estaba en la casa de Julián, quien simplemente bajó la llave y sumió el hogar de Vera en la inhabitalidad.
La jueza Dadone entendió de inmediato que no se trataba de un conflicto menor ni de una simple disputa familiar. Era un claro acto de violencia, una forma de ejercer poder y control sobre ella y sus hijas mediante la privación de un servicio esencial.

Intervención de oficio y respuesta judicial

Sin necesidad de una denuncia formal en la policía, la magistrada decidió actuar de oficio. Ordenó la reconexión inmediata del servicio eléctrico y la apertura de un expediente por violencia familiar contra el. Además, notificó al Ministerio Público Fiscal para que investigue si su accionar podría encuadrarse en el delito de usurpación por turbación de la posesión.

Las medidas no se quedaron allí. Se ordenó colocar un nuevo medidor de luz independiente para Vera, garantizando así su acceso autónomo a la electricidad, sin depender más del control del ex cuñado. De forma preventiva, se instruyó a que el hermano del denunciado cubriera los gastos de instalación y que su ex cuñado restableciera el servicio de inmediato hasta tanto se completara el nuevo empalme.

Una violencia que no siempre se ve.

Este caso expone una forma de violencia que muchas veces pasa desapercibida: la violencia patrimonial y ambiental, cuando se perturban las condiciones básicas de vida de una persona para forzar su abandono o sometimiento.

Vera y sus hijas fueron víctimas de un acto silencioso pero contundente, que buscaba sacarlas del hogar mediante la imposibilidad de habitarlo con dignidad. La intervención de la Justicia no solo restituyó un derecho básico, sino que visibilizó la necesidad de mirar con más atención los escenarios que siguen al divorcio, donde los conflictos no siempre terminan con una sentencia.


Viernes, 6 de junio de 2025