En la jornada del viernes Cámara Federal de Corrientes respondió ante solicitud de la defensa de Antonio Benítez, principal implicado en desaparición del menor Loan Peña.

Caso Loan: Bernardino Antonio Benítez, acusado de sustracción de menores.
Decisión: Se rechaza el recurso de reposición de la defensa y se concede el recurso de casación.
Argumentos de la defensa:
- La resolución impugnada afecta derechos fundamentales.
- Se alega arbitrariedad y falta de fundamentación en la privación de libertad, informaron fuentes tribunalicias al periodista Juan Cruz Velasquez.

La decisión del Fiscal General Subrogante, según el documento, fue contestar la vista conferida respecto del recurso de reposición interpuesto por la defensa del imputado. El fiscal solicitó la revocación de la providencia, argumentando que el artículo 464 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) no prevé que se corra traslado a las partes sobre la admisibilidad del recurso de casación. Además, destacó que la intervención de las partes genera un desgaste jurisdiccional innecesario y afecta el principio de economía procesal, dado que la Cámara ya había perdido jurisdicción al dictar la resolución.

¿Cómo se garantiza el debido proceso y la intervención de las partes en el trámite del recurso de casación?
Según el documento, el debido proceso y la intervención de las partes en el trámite del recurso de casación se garantizan a través de la necesidad de escuchar a las partes involucradas, lo que se menciona como parte del derecho de defensa. La Defensora Pública Oficial, Dra. Rosana Marini, argumentó que su intervención se enmarca en el interés superior del niño y que tenía derecho a ser escuchada en relación con los agravios planteados. Sin embargo, también se señala que la normativa procesal no prevé expresamente el traslado a las partes en esta instancia, y que la mera omisión de tal previsión no implica, por sí misma, una afectación al derecho de defensa ni una irregularidad que amerite la revocación de la decisión. La garantía del debido proceso no se ve menoscabada por la intervención de las partes, especialmente cuando no se ha demostrado que ello haya generado un perjuicio concreto al recurrente.

¿Qué implicaciones tiene la decisión de la Cámara sobre la restricción de libertad del imputado en términos de derechos fundamentales?

La decisión de la Cámara sobre la restricción de libertad del imputado tiene implicaciones significativas en términos de derechos fundamentales, especialmente en relación con la presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal. La resolución que mantiene la prisión preventiva se considera equiparable a una sentencia definitiva, ya que afecta directamente la libertad del imputado, un derecho que requiere tutela inmediata.
Además, la Cámara debe justificar adecuadamente la existencia de riesgos, como el de fuga o el entorpecimiento de la investigación, para fundamentar la privación de la libertad durante el proceso. La falta de una fundamentación suficiente en estos aspectos puede ser vista como una arbitrariedad que vulnera derechos fundamentales, lo que podría dar lugar a impugnaciones y recursos legales por parte de la defensa. En resumen, la decisión de la Cámara no solo afecta la situación personal del imputado, sino que también plantea cuestiones sobre el respeto a los derechos constitucionales en el marco del debido proceso.

Próximos pasos: Las partes deben comparecer ante la Cámara Federal de Casación Penal en un plazo de ocho días.

Sábado, 1 de marzo de 2025