Las provincias estudian con lupa la letra chica del decreto antes de sentar posición. Una reunión de Luis Caputo con mandatarios dialoguistas fue clave para avanzar con la iniciativa.

Los gobernadores recibieron con cautela al nuevo Régimen de Reparación Federal creado por el Gobierno vía decretoy presentado por el vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán, en una conferencia de prensa en la Casa Rosada. El mismo fue publicado este viernes en el Boletín Oficial.

De acuerdo a lo expresado por Nación, la iniciativa busca hacer "borrón y cuenta nueva" en el tirante vínculo con las provincias, ofreciendo "vías alternativas para pagar deudas" que el Estado mantiene con los distritos y viceversa. Por ejemplo, a través de tierras fiscales.


El anuncio llega en medio de las negociaciones por el Presupuesto 2025. Como contó Ámbito, forma parte del giro diplomático que el Presidente puso en marcha a partir de sus rees con los jefes provinciales del PRO, del peronismo díscolo y aliados.

Cómo se gestó el nuevo Régimen de Reparación Federal
Unos días antes del asado con el que Milei recibió a cuatro gobernadores "dialoguistas" en Olivos para agradecer el acompañamiento a la Casa Rosada, tres mantuvieron una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, cuyo contenido no trascendió, más allá de los ya habituales pedidos de los mandatarios de fondos para obras públicas. Esa vez estuvieron Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), con Caputo.

Tras el anuncio del Gobierno de poner en marcha una operación para saldar las deudas de la Nación con las provincias -se trata del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas que ya fue publicado en el Boletín Oficial- dos fuentes confirmaron a Ámbito que los mandatarios recibieron en esa reunión un paper con el listado de los inmuebles que la Nación podría transferir a los gobiernos locales. Se trata desde oficinas en zonas céntricas que las administraciones provinciales podrían refuncionalizar, hasta terrenos que podrían destinarse a la construcción de barrios.

Luego de ese encuentro, Jalil, Sáenz y Jaldo se retiraron con tareas: realizar un cálculo de la deuda total que tiene la Nación con sus distritos, números que se cruzarán con la estimación del Gobierno, y efectuar un relevamiento de las propiedades que tiene la Nación en sus provincias, con escasa actividad, que podrían ser útiles para sus gestiones. "Al gobernador le interesó la idea, sobre todo por la voluntad de dialogar, pero hay que ver hasta qué punto es conveniente porque lo que necesitan los gobiernos locales son obras públicas y eso se hace con fondos", sostuvo una de las fuentes consultadas por este medio.


La mora de la Nación con las provincias tiene orígenes diversos porque se trata de fondos que no se transfirieron y que estaban contemplados en leyes y acuerdos firmados. Entre ellos, certificados de obras nacionales paralizadas, por la Ley de Bosques, del Ente Nacional De Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), transferencias no automáticas para comedores, Incentivo Docente, medicamentos para pacientes oncológicos, entre otros programas paralizados, y Aportes del Tesoro Nacional para obras acordados en la gestión anterior pero no girados, se indicó.

En el caso de Salta, se remarcó, la Nación le adeuda $32.500 millones por la Ley de Bosques, $12.500 millones por obras del ENOHSA, $5.400 millones por certificados de obras públicas, $31.800 millones de Aportes del Tesoro Nacional y $99.000 de diversos programas nacionales que fueron desatendidos por el Gobierno, como educativos, para asistencia social y coberturas de salud.

En tanto, el gobierno de Mendoza anticipó su intención de adherir al Régimen. "Nosotros tenemos voluntad de participar. Vamos a manifestarlo formalmente la semana que viene. A partir de eso, arranca administrativamente el proceso por el cual Nación produce el informe técnico jurídico sobre la verosimilitud de las obligaciones que tiene contra la provincia, lo propio haremos nosotros", explicó el ministro de Hacienda y Finanzas local, Victor Fayad.

Al respecto, el funcionario de Alfredo Cornejo dijo que algunos de los reclamos que tienen a Nación son por transporte, educación y vivienda: "Son compromisos asumidos de Nación. También hay reclamos políticos y administrativos por compromisos incumplidos respecto del consenso fiscal. En ese concepto, Nación se comprometió a devolver un ajuste producto de los cambios que se hicieron en la coparticipación".




"No han devuelto de manera adecuada, eso sería una deuda que se sumaría al reclamo que podría hacer la provincia, sumado a un reclamo administrativo que tiene provincia contra Nación respecto de los subsidios diferenciales a los servicios públicos en el AMBA versus los del interior", amplió.

Por otra parte, Fayad señaló que el Régimen permite que se generen distintas formas de hacer esa compensación. "Está totalmente abierta la forma en que Nación puede compensar y la provincia también. Eso podría abrir el cambio de bienes por activos o por deudas. Tenemos distintas obligaciones con distintos grados de certeza y de avance a cobrar contra Nación", sintetizó.

Articulación con el PRO
Por fuera de los provincialismos y del peronismo díscolo, La Libertad Avanza (LLA) y el PRO articularon a través del diputado oficialista José Luis Espert y del jefe de la bancada amarilla, Cristian Ritondo, quien ofició de nexo con Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Jorge Macri (CABA), los tres caciques que pertenecen al espacio fundado por Mauricio Macri.

En esa tríada, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires tiene un frente abierto ya que, según sus cálculos, Nación le adeuda cerca de $5,3 billones por la baja de Coparticipación Federal dispuesta durante la gestión de Alberto Fernández y retrotraída por la Corte Suprema.

En el campamento cambiemita reconocían una mejor predisposición por parte de Milei para discutir cuestiones pendientes con quienes se convirtieron en centinelas de la gobernabilidad libertaria. Si bien fueron victorias legislativas, el escaso margen con el que el Congreso sostuvo a los vetos de las leyes de Movilidad Jubilatoria y Financiamiento Educativo obligaron a la Casa Rosada a ensayar una postura menos beligerante con sus aliados.

Dentro de la liga de gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) se mostraban cautos. Desde el entorno de los mandatarios reconocían a Ámbito la apuesta al diálogo, pero advertían por los tiempos y alcances de una propuesta tan amplia, teniendo en cuenta que se inscribe en la pulseada por el Presupuesto 2025, a discutirse en el parlamento en las próximas semanas.

"Hasta no conocer el contenido preciso del decreto, no podemos sentar una posición", deslizaban con mesura desde las órbitas de algunos gobernadores que apuestan a fortalecer el vínculo con Milei. Los días venideros serán clave para conocer los alcances y la profundidad del flamante Régimen.












Viernes, 1 de noviembre de 2024