La Legislatura provincial sancionó la ley impulsada por el Poder Ejecutivo. Estiman que la atención a cada herido en un siniestro vial cuesta unos $15 millones en promedio.

La Legislatura de Mendoza sancionó una ley que habilita a cobrarle la atención médica a los conductores ebrios que causan accidentes evitables sin la ingesta de alcohol y que causan pérdidas humanas y materiales.

El proyecto que impulsó el Poder Ejecutivo busca concientizar sobre los accidentes viales que se pueden evitar y para recuperar parte de lo que la provincia destina a los accidentados en los siniestros viales.

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, dio datos sobre la incidencia de estos hechos y aseguró que se necesitan reformas legales para tratar la problemática. Agregó que hay que fortalecer las consecuencias para quienes cometen delitos graves manejando borrachos en la vía pública.

Según las estadísticas del Poder Ejecutivo de Mendoza, en materia de siniestros viales, 1 de cada 4 muertes está vinculada a la conducción bajo los efectos del alcohol o estupefacientes. Agregaron que una gran parte sufre lesiones graves que merecen una atención compleja en el sistema público de salud.

Se calcula que la atención a cada herido en un siniestro vial cuesta unos $15 millones, con una asistencia media de entre 10 y 12 días de internación y una intervención quirúrgica.

La ley prohíbe, en Mendoza, conducir cualquier tipo de vehículo con una alcoholemia superior a cero (0) miligramos por litro de sangre.

Se reinvertirán los recursos en el sistema de salud
Con esta nueva ley que integra el Plan de Salud, si se comprueba que el accidentado manejaba con más de 0,5 gramos por litro de sangre, requiera atención hospitalaria, pero no tenga obra social, tendrá que pagarla. Lo mismo regirá si la persona estaba bajo los efectos de estupefacientes.

Para este fin, se creará el Fondo para la Recuperación y Fortalecimiento del Sistema de Salud de la Provincia (Reforsal) para que los gastos incurridos por irresponsabilidades sean asumidos por los infractores de tránsito en estado de ebriedad.

En la norma se fundamentó que "los recursos recuperados podrán ser reinvertidos en el sistema de salud, beneficiando a toda la comunidad y mejorando la calidad de los servicios de salud pública".

Viernes, 21 de junio de 2024