Así lo reveló una investigación del fiscal Guillermo Marijuan, titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social.

Son al menos 9.041 empleados provinciales de 20 provincias y CABA que cobraban el Potenciar Trabajo. Se trata de una incompatibilidad que sale a la luz en el marco de la investigación del fiscal Guillermo Marijuan, titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS) que investiga irregularidades que se podrían tipificar como "defraudación contra la Administración Pública".

La cifra no es definitiva, aún falta la información de Tierra del Fuego, Chubut, La Pampa y Catamarca. Esos cuatro distritos ya fueron intimados por Marijuan.

La provincia de Corrientes registraba un total de 518 empleados provinciales que percibían el plan social, que destaca como una de las incompatibilidades para recibirlo "la existencia de empleo formal registrado, a excepción de los trabajadores temporarios o estacionales conforme lo contemplado".

A su vez, se puntualiza como incompatible "el ingreso y la permanencia en el Programa para aquellas personas que realicen alguna prestación social y/o de empleo en el estado provincial, municipal o en organizaciones no gubernamentales cuyas tareas suplante la actividad propia de los empleados de los mismos".

La provincia de Tucumán, por su parte, registra 1.145 empleados que cobran el Potenciar Trabajo; La Rioja, 1.060 -divididos en 303 de planta permanente y 757 contratados-; Jujuy, Salta, 434; Santa Fe, 350; Neuquén, 343; Chaco, 336; Misiones, 321; CABA, 231; Río Negro, 198; Córdoba, 194; Formosa, 180; Santa Cruz, 128; Mendoza, 173; San Juan, 109; Entre Ríos, 106 y San Luis, 43.

Según los cálculos realizados por la justicia, el desfalco al Estado Nacional actualizado es de $705.198.000 por mes, o de casi ocho mil millones de pesos anualizado.

La investigación comenzó en noviembre y Marijuan solicitó a los fiscales y magistrados de cada distrito que "se proceda a ordenar al área del Ministerio de Capital Humano, que actualmente gestiona el Programa Potenciar Trabajo, que suspenda los planes involucrados, sin perjuicio de un reempadronamiento con previa citación y acreditación de los extremos legales del Programa" para "hacer cesar los efectos del delito procediendo a la suspensión y/o baja de estos beneficios percibidos en clara transgresión a la normativa y al espíritu perseguido por el Estado Nacional al momento de su creación".

En ese sentido, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ya dio de baja a 4.588 de esos beneficiarios y ahora estudia los últimos entrecruzamientos de datos que, en base a la orden de Marijuan, se realizó mediante el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).

Además, de las personas que eran empleados públicos y cobraban el plan, se encontraron otras irregularidades, por ejemplo, personas que cobraban una jubilación o pensión, prestación por desempleo, monotributistas categoría C o superior, trabajadores autónomos, fallecidos o poseedores de un auto con menos de 10 años de antigüedad.

Viernes, 9 de febrero de 2024