Las moratorias previsionales vigentes hasta diciembre de 2022 establecían un límite de acceso, la "evaluación socioeconómica" que se realiza mediante el cruzamiento de datos entre los informados por la AFIP y los datos de ANSES.

AFIP registra la mayor cantidad de datos de los movimientos económicos de los ciudadanos argentinos. Desde los más simples, como gastos con tarjetas de débito o crédito hasta los menos comunes, pero igualmente relevantes como compra de propiedades o automóviles.

Esos son los datos, los recabados por AFIP, que serán evaluados a la hora de permitir a una persona acceder o no a la moratoria para poder jubilarse.

Esa evaluación que se hace mediante un sistema electrónico, dará como resultado el examen positivo o negativo a los efectos de que la persona pueda acceder a la jubilación.

Entre tanto funciona la computadora, solo un par de minutos, no más de eso, hay un señor o señora sentado del otro lado del escritorio. Seguramente estará pasando por su cabeza las seis décadas de su vida, toda su historia y todos sus trabajos a lo largo de esa historia.

Seguramente, quien está del otro lado del escritorio no tiene idea de los padecimientos de ese trabajador, cada día de su vida.

De cualquier manera, en un par de minutos se sabrá si la persona puede acceder a una moratoria para finalmente poder jubilarse.

Si la evaluación da positiva, la persona saldrá ese día de las oficinas de ANSES, formalmente jubilada.

Para la última moratoria, los parámetros económicos a tener en cuenta para el resultado positivo de la evaluación son:

*El ingreso bruto promedio mensual de los 12 meses previos a solicitar el beneficio, tendrá un máximo de $404.062 ($4.848.744, en términos anuales). La cifra mensual corresponde al piso salarial para el pago del impuesto a las ganancias y también al tope del ingreso individual para cobrar la asignación por hijo en el sistema formal del salario familiar.

*El patrimonio podrá ser de hasta $11.636.985,6, una cifra que surge de multiplicar por 2,4 el ingreso anualizado admitido. Para conocer si ese límite es superado o no, se observará (en caso de existir la declaración impositiva de la persona en particular) lo informado para el impuesto a los Bienes Personales. No se considerará, para el límite, el valor del inmueble que sea la vivienda de la persona solicitante.

*El valor de automóvil o de los automóviles del solicitante podrá ser de hasta $4.878.744; es el valor del ingreso anual admitido y, por tanto, es también un importe actualizable.

*En cuanto a aviones y embarcaciones, se determinó que, en el primer caso, no debe haber tenencias (se cruzarán datos con la Administración Nacional de Aviación Civil) y que, en cuanto al segundo tipo de medio de transporte, se puede tener embarcaciones de hasta nueve metros de largo (la información será otorgada por la Prefectura Naval Argentina, según la normativa).

*Los gastos con tarjetas de débito y de crédito podrán ser de hasta $323.249,60, cifra promedio de 12 meses, y de hasta $3.878.995,20 en un año. En este caso, las cifras son el 80% del ingreso mensual y del ingreso anual, respectivamente. La reglamentación aclara que "serán tenidos en cuenta los gastos efectuados con tarjeta de crédito y/o débito informadas por las entidades financieras".

Las normativas sobre la nueva moratoria disponen, como requisito para acceder a un plan de pagos, además de pasar el examen socioeconómico, no cobrar otras prestaciones previsionales, salvo que se trate de una de carácter contributivo y de un importe no superior al haber mínimo del sistema. Sin embargo, quien perciba una prestación superior a ese monto (por ejemplo, alguien que cobra una pensión y busque acceder a una jubilación, o viceversa) estará en igual condición que quien no supere la evaluación socioeconómica; es decir, podrá comprar los períodos de contribuciones que le falten para completar los 30 años y pagar al contado, en una única vez.

Esa limitación hace que muchas personas no puedan acceder a la jubilación, produce una situación de auténtica desigualdad y los deja en estado de vulnerabilidad, y ahí viene la mayor objeción al sistema, entre una diferencia de haber mínimo de pensión por fallecimiento y uno que supere, hay un océano. Una diferencia de $200 y que obligue a la persona a pagar una suma de dinero que supere el millón, al contado, coloca a la persona en la imposibilidad absoluta de acceder a la jubilación, ¿de dónde sacaría un pensionado un millón de pesos o más para pagar esa deuda de contado?




HAY QUE PONER AL SER HUMANO COMO EJE DE LA POLÍTICA PREVISIONAL.
¿No sería cargar los déficits del sistema sobre los hombros del más débil? ¿No se cortaría el hilo por la parte más delgada?

Sin embargo, el plan ya se puso en marcha, hace un par de meses ya está siendo operativo. Ya está dando letra a los escritos judiciales, vulneración a garantías constitucionales, extralimitación en las facultades, entre otros serían los fundamentos.

Esta nueva moratoria tiene ciertos componentes que tendrían como objetivo no desfinanciar la Caja de Jubilaciones, la compra de cada mes faltante, los intereses a aplicarse, el aumento del límite de descuento por cuotas que puede llegar hasta $17.000.




El plan de la Ley N°27.705, aprobado por el Congreso el 28 de febrero último, prevé un sistema de compra de períodos de aportes no hechos en su momento, a un valor móvil que, en este mes de abril y hasta mayo es de $5.729,97 por mes adeudado. Así, si hoy se necesitaran saldar 20 años, la deuda tendría un valor inicial de $1.375.192,8. Y si se pagara en 120 cuotas, la inicial sería de $11.459,94; este último sería el monto a descontar del haber mensual, cuyo valor dependería de la cantidad de contribuciones hechas previamente. Podrán adherir al plan quienes ya tengan la edad jubilatoria (60 años para las mujeres y 65 años para los varones).

Entre tanto, y en pleno año electoral, ya no se volvió a discutir sobre la imperiosa necesidad de la reforma previsional, tal vez, como estamos acostumbrados en nuestro país, esperemos de nuevo a que dentro de dos años, cuando esta pierda vigencia, se tenga que buscar la salida rápida para aquellos futuros jubilados que no pueden, de nuevo, acceder al sistema, generando nuevas realidades de desigualdad y vulnerabilidad.

La reforma previsional que tenga al ser humano y sus necesidades básicas en el tiempo de mayor vulnerabilidad como eje central de su objeto, es prioritario para un futuro plan de gobierno, desde allí se podrá empezar a tratar otros temas que tengan que ver con el desarrollo del país.

Es evidente que el simple aporte del trabajador registrado no es suficiente para el sostenimiento del sistema, dado que en el mundo moderno y globalizado existen muchos otros tipos de trabajos y prestación de servicios que no están regulados ni contemplados. También existen muchos otros servicios que van desapareciendo con el avance de las nuevas tecnologías. De ahí la imperiosa necesidad de la clase política y de los funcionarios, de la formación de comisiones de trabajo para la elaboración de las reformas necesarias para tener un orden jurídico justo y acorde a los tiempos que vivimos y, por sobre todas las cosas, que incluya a todos los argentinos, sin excepciones.

Lunes, 5 de junio de 2023