Mediante dos proyectos de Resolución, la diputada provincial Sonia López pretende ejercer un contralor sobre las empresas de remises, principalmente, en lo que se refiere a la relación con sus trabajadores. Por un lado se insta al Ministerio de Trabajo a garantizar los derechos que se desprenden de la relación laboral existente entre las empresas prestadoras del servicio de transporte alternativo (remis) y los trabajadores "peones y chóferes de remises; por el otro se solicita a la AFIP el control del cumplimiento efectivo de las obligaciones fiscales de las mencionadas empresas.

Ambas iniciativas vienen a complementar el proyecto de Ley presentado anteriormente que pretende declarar a los remises como un Servicio Público y se llama a reconocer a los remiseros como trabajadores en relación de dependencia con derecho a realizar aportes jubilatorios, tener obra social y recibir beneficios sociales consagrados por la Constitución Nacional.

Concretamente se insta al Ministerio de Trabajo a garantizar la tutela de los derechos que se desprenden de la relación laboral existente entre las empresas prestadoras del servicio de trasporte alternativo (remis), y los trabajadores “peones y chóferes” de remises, a fin del cumplimiento de las leyes previsionales, salario mínimo, vital y móvil, A.R.T., obra social entre otros.

A su vez se solicita a las autoridades de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) al control de cumplimiento efectivo de las obligaciones fiscales de las empresas que brindan el servicio de trasporte alternativo, de tipo remís, a fin de determinar la posible comisión del delito de evasión fiscal, conforme la denuncia del sindicato de trabajadores de la actividad.

Todas las iniciativas surgieron a partir de rees mantenidas con integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de Remises y Afines (SUTRA).

"Debe tenerse en cuenta que en la mayoría de los casos, los “remiseros” (chóferes particulares) trabajan para una empresa, en forma directa o indirecta, a ello debe agregarse que dichas tareas las cumple, a modo personal, normal y habitual, en la agencia que están bajo la dirección y organización “empresa” (quien recepciona los pedidos, asigna los viajes, fija el precio de los mismos, etc.)", explicó Sonia López, autora de las iniciativas.

Según la legisladora del Frente para la Victoria, "la empresa obtiene un porcentaje (20%) de lo percibido por cada viaje que le asigna; por lo que estamos en presencia de un trabajador contratado por un empleador".

"Este vínculo que existe entre ambos es de relación de dependencia según el artículo 22 de la Ley de Contrato de Trabajo", completó.

Para López "ello es así porque existe prestación personal de servicios a cambio de una remuneración -dependencia económica- y en base a una conducta ajustada a la organización empresaria -dependencia jurídico personal-, cuyos medios personales integran los chóferes, ofreciendo su trabajo a cambio de un porcentaje".

"Por eso consideramos que los órganos de contralor deben garantizar la tutela de los trabajadores, de los chóferes de remises, porque existe una relación laboral y una ley de orden público que la garantiza", agregó la diputada del Partido Comunista.

Por otro lado, se sostiene que "existen grandes empresas, quienes ofrecen un servicio público, como lo es el de trasporte alternativo de pasajeros en automóviles y los cuales deben ser estudiados e investigados por los órganos de contralor correspondientes, a fin de determinar la existencia o no de un delito, que perjudica al Estado y a la sociedad en general, en este caso la evasión fiscal".


Miércoles, 12 de junio de 2013