La Cámara de Apelaciones le otorgó la excarcelación a la agrimensora Liliana Griselda Ortíz, quien permanecía detenida desde junio por estar vinculado a la megaestafa en la compra y venta de inmuebles en Corrientes.

El Juzgado de Instrucción N° 3 de Corrientes, a cargo de la jueza Josefina González Cabañas le había negado el pedido de excarcelación. Esa resolución fue apelada y ahora la Cámara de Apelaciones se expidió a favor de Ortíz quien fue liberada.

La semana pasada la Cámara de Apelaciones también dispuso la libertad del titular de la Dirección de Catastro, Narcisco Toffoletti, y del jefe de Legales del Registro de la Propiedad e Inmueble, Pedro Verón. Además salieron en libertad el abogado Iván Bordón y Héctor Leiva.

En tanto que el pasado 13 de octubre quien logró la excarcelación fue la directora del Registro de la Propiedad Inmueble, María Eugenia Demetrio, quien permanecía detenida en el Instituto Pelletier. Fijó domicilio en Santa Ana y no podrá ausentarse del país. La mujer quedó suspendida preventivamente de sus funciones como directora del Registro de la Propiedad “hasta tanto sea resuelta definitivamente su situación legal en este caso penal”.


Vale recordar que en agosto de este año la Fiscalía de Instrucción Nº 3 a cargo del doctor Gustavo Roubineau dispuso acciones investigativas en las oficinas de la Dirección Provincial de Catastro y el Registro de la Propiedad Inmueble en el marco de la investigación por la megaestafa en la compra y venta de inmuebles que tiene como principales imputadas a la escribana Gladys Báez, quien permanece detenida, y la falsa notaria, Teresa Vázquez, prófuga de la Justicia.

Los delitos que se le imputan a las más de 15 personas, en su mayoría profesionales, son asociación ilícita, estafa, incumplimiento de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, falsificación de documentos públicos, uso de documentos públicos falsos, falsedad ideológica de instrumentos públicos, estos últimos agravados y fraude en perjuicio de la administración pública.

De acuerdo con la pesquisa, los imputados buscaban inmuebles de personas fallecidas, armaban una prescripción veinteañal con terceros, mensuraban el terreno legalmente, pero cuando llegaba al Registro de la avenida 3 de Abril y Mendoza, lo cambiaban a dominante para poder escriturar la propiedad robada. Para eso, les falseaban la mensura a agrimensores.

El negocio no es solamente el loteo San Blas de la Ruta Provincial Nº 43, a 2 kilómetros de la Ruta Nacional Nº 12, que es el centro del conflicto.


También se escrituraron y vendieron muchos terrenos baldíos, como casas sin habitantes. Identificaban si se encontraban abandonados y verificaban a quiénes les pertenecían, precisaron fuentes judiciales.

Si se determinaba que los dueños estaban muertos, confeccionaban boletos de compra-venta y cesiones de derecho anteriores a la fecha de los fallecimientos. Hacían primeramente una mensura de prescripción, la que no lo habilitaba para hacer un título, entonces la fraguaban con una de dominio o deslinde y así poder escriturar el inmueble. Ese rótulo truchado era aprobado por la Dirección de Registro de la Propiedad Inmueble. En agosto del año pasado el área de Asesoría Legal de esta Dirección advirtió las irregularidades en los expedientes que llamativamente tramitaban siempre las mismas personas que hoy están imputadas.

Jueves, 22 de diciembre de 2022