El fiscal de Instrucción Nº 6 de Capital Gustavo Roubineau, quien tiene a su cargo la investigación por estafa por la compra y venta de lotes mediante fal­sificación de documentos públicos, que derivaron en un escándalo institucional aseguró: "Queremos llegar a fondo con toda esta orga­nización".

El representan­te del Ministerio Público sostuvo que la causa está compuesta de "más de 20 expedientes de ciudadanos comunes que de un día para el otro se levantaron y se enteraron que sus inmue­bles tenían otros dueños", acentuó. También indicó que los terrenos con ventas irregulares "son de distintas zonas", como "unas 5 mil hectáreas en Loreto, terre­nos en Riachuelo, Capital y el famoso loteo sobre la ruta de acceso a Santa Ana. Hay distintos inmuebles".

"Acá también está muy clara la responsabilidad de la escribana Báez, lo pue­do afirmar, respecto de la forma en que manejaba su protocolo. Un escribano tiene que ser no sólo pro­lijo, sino extremadamente cuidadoso con los docu­mentos que autoriza y que después inscribe. Lo que acá se ve es un desastre", remarcó Roubineau, en de­claraciones radiales. Hasta el momento, además de María Eugenia Demetrio y Narciso Toffoletti, perma­necen detenidos Pedro Ve­rón, Wilda Bergna Velazco, María Correa de Ríos, Mer­cedes Aróstegui y Mercedes Arce. Al respecto, el fiscal confirmó que hay cinco pe­didos de excarcelación que están siguiendo los trámi­tes habituales, "como en cualquier proceso", acotó. Los dos que aún no presen­taron esa petición serían Toffoletti y Arce. La sema­na pasada, los detenidos asistieron en audiencia al juzgado de Instrucción Nº 3 y se informaron de las acu­saciones ante la juez Josefi­na González Cabañas. Sólo uno de los siete decidió de­clarar. Por otra parte, según estimó Roubineau: "Hay más de 15 imputados por­que hay otras causas que tienen que ver con ciuda­danos que se presentaron con posterioridad a la pri­mera tanda de detenciones y cuando se conoció que se trataría de actuaciones irregulares de la escribana Báez". Roubineau también hizo hincapié en que "la investigación no surgió de una denuncia del Registro de la Propiedad ni de Catas­tro. Esto surgió en la inves­tigación del Poder Judicial. Nosotros, desde el 2019 que tenemos una denuncia de los sucesores de Julio Romero (ex gobernador de Corrientes), en la que infor­maron que en sus campos se había presentado una persona diciendo que era el nuevo dueño, invocando un titulo de propiedad que aparentemente era legal, emitido por autoridades del registro", aseguró.

En tanto el Superior Tri­bunal de Justicia rechazó los recursos presentados por la escribana Gladys Dionisia Báez, quien fuera sancionada por el Colegio de Escribanos por incum­plimiento de las normas que rigen el ejercicio de la función notarial. La san­ción disciplinaria la aplicó el Colegio de Escribanos en el marco de lo establecido por Ley Notarial con moti­vo de las presuntas irregu­laridades detectadas en el otorgamiento y autoriza­ción de un documento pri­vado de fecha 29 de agosto de 2011. En ese documento los padres de un niño, en ejercicio de la patria potes­tad dieron expresa confor­midad y autorización para que su hijo pueda viajar en compañía de sus tíos que vivían en Buenos Aires en forma conjunta, separada o alternativa por todo el te­rritorio de la República Ar­gentina y países limítrofes. Además, lo dieron en guar­da y los designaron tutores del pequeño.

"Sabido es que la respon­sabilidad profesional se configura por el solo y ob­jetivo hecho del incumpli­miento de normas legales expresas, en otras palabras, por la inobservancia de las disposiciones que imponen los deberes al notario, por acción u omisión", manifes­tó. El sumario se inició en el año 2011 y llevaba diez años de trámite, sin embargo, la demora no era imputable a las autoridades encargadas de la tramitación, informa­ron fuentes del Poder Judi­cial. s

Viernes, 19 de agosto de 2022