A mediados de 2019, la justicia federal cerró una causa contra la ANSES iniciada en noviembre de 2016 por un informe a instancias del macrismo. La desestimación por inexistencia de delito no sería relevante si no fuera porque se trata casualmente del expediente sobre el que surgieron los audios en los que la entonces vicepresidenta Gabriela Michetti le habría enviado a quien era la jefa de la OA Laura Alonso para que excluya y deje de investigar “a un amigo”.

Los audios difundidos no solo implican a Alonso y Michetti en un actuar alejado de la ética y hasta delictivo, sino que muestran una vez más el accionar del gobierno de Mauricio Macri operando en investigaciones judiciales, que se avance en determinadas causas o por el contrario, que se deje de investigar a ciertas personas.

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En este caso el pedido para no investigar habría sido de la vicepresidenta de la Nación Gabriela Michetti hacia un funcionario implicado en un caso en el que se ventilaban irregularidades en ANSES durante la administración kirchnerista, y diversas contrataciones, como por ejemplo en publicidad. Pero al parecer, uno de los implicados estaba vinculado laboralmente a Michetti. Ello surge de los audios en los que la exvice pide por ese funcionario “amigo”.

El caso tuvo su derrotero en los tribunales de Comodoro Py. Tras una acumulación de causas, todo quedó en la número 16.497/2016, a cargo en su momento del juez Sergio Torres, quien finalmente firmó el desestimiento en mayo de 2019. Semanas después dejó ese juzgado al asumir como juez de la Suprema Corte Bonaerense.

El expediente se inició el 15 de noviembre de 2016, a raíz de la denuncia radicada por el fiscal Carlos Ernesto Stornelli, a partir de un informe publicado por el Gobierno Nacional titulado “El Estado del Estado. Diagnóstico de la Administración Pública en diciembre de 2015”, que se habría dado a conocer en el mes de junio de 2016. Concretamente, el denunciante dio cuenta de diversas irregularidades que se habrían detectado en distintas áreas de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Luego, se acumuló a la investigación, la causa n° 15.375/17 proveniente del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 8, que se inició a raíz de un informe presentado por la Sindicatura General de la Nación, en relación a los contratos de pauta publicitaria oficial de ANSES durante el del año 2015.

Puntualmente, se denunció el presunto “favorecimiento de una empresa en particular (Braga Menéndez S.A.) con contrataciones por más de 15 millones” de pesos.

El juez desestimó la denuncia por inexistencia de delito y la archivó. “Si bien las irregularidades denunciadas (ya sea en las modalidades de contratación escogidas en algunos casos o en la forma de administrar algunas de las áreas de la ANSES) podrían resultar cuestionables desde el plano administrativo, lo cierto es que dichos acontecimientos, por sí solos, no son merecedores de reproche penal alguno”, sostuvo en su momento el juez Torres.

En el marco de las actuaciones que fueron agregadas al caso (causa 15.375/17), se encomendó a los profesionales el análisis de dieciocho (18) expedientes administrativos, en los que se tramitaron pagos por servicios usufructuados a la empresa Braga Menéndez S.A. por parte de la ANSES.

De los informes presentados por los expertos se concluyó que todo se había realizado dentro de los parámetros legales.

El fallo tuvo fundamentos correctos al considerar que no todo puede ser delito: “No nos encontramos frente al descubrimiento de maniobras que podrían conformar un delito, sino en una manifestación lisa y llana en la que se pone de relieve el desacuerdo en el modo en que se llevó adelante la tarea de la ANSES que es, en definitiva, lo que parece señalar el informe que precedió a la denuncia que encabeza esta investigación. Las discrepancias o la falta de coincidencia en la toma de decisiones, no confieren “per se” carácter delictivo a las actividades de la administración denunciada. Y de hecho, la imputación no puede basarse en una mera sospecha de criminalidad, si no va acompañada de elementos que en principio, brinden apoyatura a las acciones que se señalan como constitutivas de reproche penal”, sostuvo el juez.

El magistrado puso en tela de juicio el informe que precedió a la investigación elaborado por en el marco del gobierno macrista.

Pero no contaban con que entre los imputados había un “amigo” de Michetti al que “embocaron”.

El accionar de la OA de Laura Alonso fue cuestionado. Se excusó de intervenir en ciertas denuncias. Ella misma admitió que no se presentaba en causas que involucraban a funcionarios macristas. Intentando aclarar sus dichos recibió denuncias por ello. Según explicó la dirigente de Cambiemos en su momento, la decisión la tomó a raíz de las múltiples "acusaciones personales" que recibió "durante mucho tiempo respecto de parcialidad o falta de imparcialidad, y por la falta de recursos humanos que también tenemos".

Ahora los audios difundidos complican a Alonso y muestran una vez más el accionar del gobierno de Macri. En este caso el pedido para no investigar habría sido de la vicepresidenta de la Nación Michetti.

“Laura necesito que te juntes con un amigo mío que está trabajando conmigo, es una persona de mi confianza, lo conozco hace mucho, y lo embocaste en una denuncia. Y encima Clarín lo nombró”, así comienza uno de los audios dirigidos a Alonso. “Necesitamos que te juntes con él porque la verdad es que no tiene una mierda que ver. No quiere que obviamente lo empiecen a nombrar”.

“Te agradezco por haberle dado la reunión a mi amigo. Es uno de los que está involucrado en la denuncia de la ANSES, del tema de comunicaciones pero la verdad que es el pibe más divino que yo he conocido en la tierra. Y es del estilo nuestro”, dice Michetti en uno de los audios.

Luego agrega, “el te quiere contar bien porque está viviendo una sensación de angustia total. El pibe es super espiritual, hacen todas las investigaciones que te puedas imaginar de las cosas espirituales. Es un amor de tipo, es como nosotras”. “Te quería decir que hasta que no lo veas trates en lo posible de no profundizar o hablar de él como parte de una cosa corrupta porque no lo fue”, dijo.

Laura Alonso y una gestión rodeada de escándalos: Para su designación, el presidente Mauricio Macri modificó las condiciones de ingreso a la OA. Alonso no es abogada.

Uno de los grandes escándalos fue con los Panamá Papers ya que apenas se difundieron los documentos que vinculaban a Macri a dos offshores, salió a defenderlo en Twitter sin haber visto antes un solo documento. “No constituye ningún delito en sí mismo”, afirmó la dirigente PRO.

En un programa de televisión, ante la pregunta de un periodista con postura afín al Gobierno de Macri sobre qué hace con las causas por presunta corrupción que involucran a funcionarios del Gobierno actual, Alonso primero dijo “hemos hecho aportes de información en varias causas”. Pero luego ensayó una justificación para no cumplir con sus obligaciones: “Dado que he recibido acusaciones personales durante mucho tiempo respecto de parcialidad o falta de imparcialidad, y por la falta de recursos humanos que también tenemos, en este momento no estamos querellando en ninguna de esas causas”, reconoció.

“Porque para que me acusen de encubridora en las causas y de ir a embarrar causas contra la corrupción, que las lleven adelante los fiscales y los jueces. Y esa es la decisión que despeja cualquier tipo de sospecha o duda sobre la actuación que podamos tener sobre funcionarios del actual Gobierno”.

O sea que Alonso admitió que no se presenta adrede en las causas, que si interviniera la acusarían de encubrir, y por omisión, que prioriza destinar recursos a querellar a ex funcionarios del Kirchnerismo.

Los audios difundidos dejan al descubierto una vez más cómo trabajaba Alonso. Y bajo qué directivas.

Martes, 15 de febrero de 2022