El Gobierno decidió prorrogar la contratación del servicio de recolección de residuos patológicos y de optimización del cobro de multas. Por qué no vuelven a licitarlos.

Los contratos del Estado son complejos y también generan negocios importantes. Rodolfo Suarez decidió prorrogar algunos de esos vínculos antes que volver a concursar precios y servicios. La pandemia es uno de los argumentos usados para esas prórrogas, aunque no es el único.

Uno de los negocios que fue prorrogado es el de los residuos patológicos, un contrato gestado por Celso Jaque en 2011 y que Suarez ahora mantiene. Se trata del servicio de recolección, traslado y tratamiento de los residuos de todo el sistema de salud, incluidas las farmacias, y que es manejado por una sola empresa.

El contrato fue gestado en 2011 y entonces hubo polémica porque se monopolizó todo. La UTE Formada por TYSA-LAMCEF, que funciona bajo el nombre de fantasía Sustenta, tiene la concesión. Cada prestador del sistema de salud paga por kilo de residuos generado. El contrato venció en 2021 y Suarez decidió prorrogarlo por 18 meses en las mismas condiciones, sin negociar nuevos criterios. Por mes, se generan más de 100 toneladas de residuos patológicos en la provincia, según las planillas que figuran en la página de Datos Abiertos del Gobierno. En total hay más de 4100 generadores anotados.

La empresa consiguió otro beneficio: un aumento de tarifas. El 14 de diciembre, día en que vencía el contrato, se firmó la prórroga y el 29 del mismo mes se decretó el aumento. Por eso ahora cada operador paga 325 pesos el kilo, lo que genera ingresos por cerca de 33 millones de pesos mensuales para Sustenta; unos 400 millones de pesos al año.

Según consta en el mismo proceso de prórroga, el Gobierno tramita una nueva licitación para concesionar por 10 años el servicio, tal como ocurrió una década atrás. Lo curioso es que ese trámite no se hizo antes del vencimiento del actual vínculo y ahora se prorroga por un año y medio más. Allí hay un dato clave: es un servicio público que no puede suspenderse y, además, se trata de residuos que requieren un proceso particular de recolección, trazabilidad, tratamiento y disposición final. "Al tratarse de una “modificación” de la adjudicación originaria de acuerdo a los términos de la emergencia sanitaria, para garantizar la provisión de un servicio público que podría comprometer el ambiente y la gestión de los servicios de salud, no requiere que se formalice acuerdo con la UTE TYSA-LANCEF", argumentan.

Multas
El otro contrato que Suarez decidió prorrogar fue firmado originalmente por Alfredo Cornejo. Se trata del servicio de "optimización" del cobro de multas de tránsito de la policía. En 2017 el Gobierno contrató una empresa para buscar recaudar más. Esa firma cobraría una comisión sobre el excedente; es decir sobre lo que logre recaudar de más.

EL GOBIERNO PAGA PARA QUE HAYA MÁS CONTROL DEL COBRO DE MULTAS DE TRÁNSITO.
En ese momento el servicio fue adjudicado a la empresa Servicios y Consultoría SA, para que se haga cargo de ese y otros temas por 4 años. Según la justificación del Ministerio de Seguridad, el trabajo resultó. Según ese ministerio se "denota" el crecimiento de la recaudación en Unidades Fijas. "En el gráfico se ve claramente el crecimiento desde el año 2016 al 2019, cayendo en el 2020 por razones excepcionales de pandemia, y, siendo el año 2021 un año transcurrido con restricciones pandémicas, se ha alcanzado valores pre pandémicos", aseguran. Incluso aseguran que el crecimiento de la recaudación es superior a del crecimiento de las multas realizadas.

En el decreto de prórroga figura el último pago aprobado a la empresa, por un total de casi 79 millones de pesos. En ese caso la prórroga es por un año y también se hace para preparar el proceso de licitación, con el contrato ya vencido.

Martes, 25 de enero de 2022