El ministro de Gobierno de Bolivia afirmó que hubo un plan para dar el golpe de Estado y aseguró que a su país ingresó "armamento antidisturbios no autorizados". Dijo que funcionarios argentinos y bolivianos violaron tratados internacionales, cometieron "tráfico ilícito de armas" y que la pena es "30 años de prisión sin derecho a indulto”.

Tras la denuncia realizada por su país del envío ilegal de armas por parte de Argentina durante el Gobierno de Mauricio Macri para dar apoyo a la consolidación del golpe de Estado a Evo Morales, el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, encabezó una conferencia de prensa en la que realizó una reconstrucción de la llegada de material bélico desde Buenos Aires a su país, confirmó que una buena parte del armamento enviado se mandó de manera ilegal, por lo que denunció "tráfico ilícito" y ratificó las contundentes penas que caben por esos delitos.



"El tráfico de armas está penado en Bolivia con 30 años de prisión. Quiero hace hincapié en el tema de Argentina. En bodegas de la policía boliviana se encontró material. Una parte fue enviado legalmente y otra parte se hizo de manera ilegal y lo estamos investigando", dijo en la conferencia de prensa Del Castillo, donde mostró parte del armamento hallado en bodegas y se vio en imágenes al ex presidente Macri.

El funcionario boliviano desmintió así a la ex ministra de seguridad y actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich, al igual que al propio Macri, quienes insisten en señalar que la denuncia es falsa, sostienen que ni siquiera hubo un golpe de Estado y aseguran que las armas enviadas de la Argentina a Bolivia fueron para proteger la embajada argentina.





"Hay un material que fue autorizado para brindar seguridad a la embajada argentina en Bolivia y otro que no fue autorizado por Bolivia y era antidisturbios, entre ellos 27 mil cartuchos de perdigón, 55 granadas y 53 granadas de gas todos no autorizadas", detalló el ministro, de forma contundente.

En este marco, denunció el tráfico ilícito de armas por parte de la Argentina a Bolivia y confirmó que este delito conlleva a 30 años de prisión sin derecho a indulto para aquellos que ilícitamente suministraron, almacenaron y recibieron armas de fuego.



"El general Terceros, de la fuerza aérea, el general Calderón y el embajador de Argentina han vulnerado leyes de Bolivia", sostuvo Del Castillo.

Del Castillo sostuvo que funcionarios argentinos y bolivianos, en conjunto, violaron tratados internacionales durante los sucesos de noviembre de 2019 en Bolivia. “Básicamente la convención de Palermo y tratados internacionales no se han cumplido. Ha sido una represión contra el pueblo boliviano”, expresó.

“Se denomina tráfico ilícito de armas lo que cometió el general Jury Calderón, Jorge Terceros y el ex embajador argentino en Bolivia Normando Álvarez García. Esto está penado en nuestro país con 30 años de prisión sin derecho a indulto”, alertó el ministro de gobierno del presidente Luis Arce en Bolivia.

Luego, leyó un fragmento de la legislación penal que considera infringieron los involucrados. “El que ilícitamente importe o adquiera, traslade, trasporte, comercie, armas de fuego, municiones, será penado con una pena privativa de 10 años, situación agravada por la condición que tenían Calderón y Terceros”, destacó.




Lo que hizo así Del Castillo con la confirmación de que se encontraron 26.900 balas antitumulto 12/70 ilegales en un depósito de la Policía de Bolivia es dejar en claro que son parte de las 70.000 balas de gomas que la Gendarmería pidió sacar del país el 12 de noviembre de 2019 con el argumento de defender la embajada en el Estado Plurinacional. Algunas de estas balas estaban escondidas en bolsas rotuladas como "guantes" y otras estaban en cajas con el sello de la Gendarmería argentina dentro del depósito de la Policía en el que se hallaron.

Según información aportada por el ministro de Gobierno de Bolivia, los gendarmes argentinos llegaron al hangar de los Diablos Negros del aeropuerto de El Alto con el Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina. Allí el personal diplomático, que había sido escoltado por la Policía de Bolivia abordó el avión, y se comenzó la descarga de las cajas con armas y municiones. A las 7 de la mañana del 13 de noviembre de 2019, los gendarmes y los pertrechos fueron trasladados a la embajada y allí se hizo entrega del material bélico, como se había convenido con el entonces comandante de la Policía de Bolivia Yuri Calderón.

"Gran parte también fue enviada a la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y hay un faltante que aún se encuentra en investigación y debemos determinar si fue utilizado en las masacres de Sacaba y Senkata", afirmó Del Castillo.

La hipótesis más firme, en línea con el trazado que describió el funcionario y que coincide con lo investigado en la Argentina, es que de las 70.000 balas de goma que salieron de Buenos Aires, 40.000 fueron a la FAB (según surge de la carta que envió el 13 de noviembre de 2019 el entonces comandante Jorge Terceros Lara) y el resto a la Policía de Bolivia.

Del Castillo también denunció que la dictadura de Jeanine Áñez también pidió autorización el 15 de noviembre de 2019, dos días después de la llegada del contingente argentino, para que un Hércules de la Aviación boliviana entrara a Ecuador para recoger municiones --en su mayoría balas de goma y gases-- que también fueron hallados en poder de la Policía de Bolivia.

Y agregó que "existía un plan continental para reprimir al gobierno boliviano organizado desde el 24 de julio cuando sin fundamento alguno el subsecretario de Estado de Donald Trump ya hablaba de fraude. Ya se tenía un manual para un golpe de Estado".


Lunes, 19 de julio de 2021