El diputado Marcos Bassi presentó un proyecto para generar condiciones para que los productos agrícolas correntinos lleguen de forma directa y más económica a los mercados locales. Además, la ley tendrá como principio regente a la protección del más débil, priorizando y otorgando facilidades y beneficios a la producción de la agricultura familiar.

Contempla que la economía de la provincia de Corrientes se desarrolla desde sus albores alrededor de la actividad agro-alimenticia, de modo tal que constituye un gran estandarte para el sostenimiento de miles de familias correntinas. De lo producido podría alimentar a todos los correntinos. Sin embargo, muchas veces resulta difícil para los pequeños y medianos productores ubicar sus productos en los mercados locales, ya que muchas empresas que comercian estos bienes (supermercados, grandes almacenes y comercios de alimentos en general) exigen requisitos que ellos no pueden cumplimentar. Así, se requiere que el proveedor garantice entre otras cosas: calidad, capacidad de abastecimiento constante e ininterrumpido, precios estables, cantidad o volumen elevados de provisiones; todo ello constituye un primer obstáculo para los campesinos, a lo que se suma la existencia de monopolios de hecho en el mercado que abusan de su posición dominante y se niegan a pagarles precios justos.

En tal sentido, los altos montos pagados por el consumidor final no se condicen con las magras sumas que percibe el productor primario abastecedor de productos agrícolas, toda vez que la gran distorsión de valores que se generan «desde el campo a la mesa» es injustificada y absurda.

Así, encontramos verduras cosechadas en la provincia, luego trasladadas hasta el Mercado Central de Abasto de Buenos Aires u otras localidades, posteriormente compradas por grandes cadenas de supermercados, quienes las distribuyen entre sus sucursales, y finalmente son adquiridas por los consumidores a pocos kilómetros de donde fueron cosechadas. Toda esta cadena, al igual que otras análogas, se repite y produce un desgaste innecesario que puede ser fácilmente subsanado con políticas activas e inteligentes en los ámbitos indicados.

En tal norte de ideas, el proyecto considera menester crear mercados regionales de abasto, que sirvan a los locales productores para vender su producción. Todo bajo las reglas de las Leyes Nacionales 25.156, 20.680, 24.240, 18.425, 27.545, análogas y complementarias, siendo el Estado provincial el encargado de su supervisión y cumplimiento.

Estos espacios de mercadeo, por un lado funcionarían como puntos de concentración para los campesinos en los que se establezcan asociaciones entre pares, unificando fuerzas para contrarrestar las desigualdades ante las que se encuentran al momento de negociar y comerciar con las grandes empresas a las cuales pretenden vender sus productos. Por otro, serán de gran utilidad para las empresas de gran magnitud y otros comerciantes, ya que podrán proveerse en lugares cercanos a sus sucursales de venta al público.

Es precisa una fuerte presencia estatal reguladora de las inequidades y disparidad de fuerzas entre los actores, de forma tal que se procuraría siempre la defensa del más débil en las relaciones. Además, se debería otorgar prioridad y estímulos a los productos correntinos, como políticas activas que favorezcan la producción agrícola, motor de la reactivación económica.

Por otro lado y paralelamente, al abaratarse los costos, por ejemplo debido al menor trayecto de transporte, los precios al consumidor final también disminuirían sensiblemente.



Jueves, 15 de octubre de 2020